Una simple regla de tres sólo animaría al desánimo y a desear a los nietos un placentero viaje inaugural. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía anunció esta semana en Málaga la adjudicación del primer tramo de obra del corredor ferroviario, un ambicioso proyecto al que el presidente Chaves se refirió por primera vez durante la campaña electoral de 2000 y que desde entonces ha renacido cíclicamente atrapado entre la oportunidad de contar con argumentos electorales que despierten algo de ilusión, las necesidades estratégicas de la Costa del Sol y las estratosféricas dimensiones del coste, cuatro mil millones de euros. Algo así como cinco talones de deuda histórica.

El proyecto supuso alguna solapada controversia entre Fomento y la Consejería de Obras Públicas hasta que ambas administraciones decidieron salomónicamente que dividirse el trabajo era más práctico que seguir intentando superar diferencias. El Gobierno central se encargaría del desdoblamiento de la línea entre Málaga y Fuengirola; y el autonómico, de la construcción del corredor entre Fuengirola y Estepona.
Nueve años después de la primera mención en una campaña electoral, finalmente, ha sido adjudicada la primera obra. Un tramo de apenas cuatro kilómetros cuyo coste alcanza para entender la dimensión de las dificultades que entraña el proyecto: 163 millones de euros. Si construir una vía férrea en terreno despoblado debe ser seguramente una tarea relativamente sencilla, hacerlo en una franja cuyo mayor problema es la saturación de construcciones sobre un terreno sobrevalorado resulta de una complejidad que dispara el presupuesto en progresión geométrica. Para entenderlo basta un ejemplo: a su paso por Marbella, desde el hospital hacia el oeste, el trazado deberá ser totalmente subterráneo. Un metro suburbano de más de veinte kilómetros de largo.
Por ello, a estas alturas, hay dos aspectos meridianamente claros: Uno, que el corredor ferroviario es un proyecto que toda la Costa del Sol debe asumir como una prioridad absoluta, no sólo porque Marbella no puede seguir siendo la única ciudad española de más de 100.000 habitantes sin conexión por tren, sino también porque es la única manera de que la provincia en su conjunto saque todo el provecho a la revolución económica que supuso el AVE. Y dos, que el coste de la obra es tan alto que el Gobierno autonómico no puede asumirlo, más allá de que la voluntad política sea mayor o menor. Por eso ahora busca seducir al Banco Europeo de Inversiones.
Hubiese estado bien que los responsables de la Junta hubieran admitido desde el principio que este proyecto escapaba a sus posibilidades presupuestarias. Pero aún así, y pese a que este reconocimiento explícito aún no se ha producido, el corredor ferroviario tendría que convertirse en objetivo estratégico de administraciones, partidos y fuerzas sociales. Y permanecer al margen, por favor, de cualquier pugna electoral.

Sólo cuando se recurre a cifras siderales como la que supone la inversión necesaria para que el tren llegue hasta Estepona es posible entender en toda su medida lo que sucedió en Marbella en los últimos años.
Esta semana hemos sabido que el juez instructor del ‘caso Malaya’ ha embargado a los 15 nuevos imputados. A tenor de los antecedentes, lo hizo tras darles un solo día para que cubrieran las fianzas por responsabilidad civil, que suman en total 5.242 millones de euros, la más alta jamás impuesta en la historia judicial española. Con todo ese dinero, que jamás se recuperará, podría completarse todo el tren litoral y todavía sobraría un buen pico. Tal es la dimensión del saqueo.

La herencia más palpable de aquellos años son los edificios irregulares que salpican todo el mapa del municipio y que tienen víctimas concretas con nombre y apellido. El acuerdo de pleno que permitía comenzar a conceder licencias provisionales de apertura y de primera ocupación con arreglo al nuevo Plan General todavía sin aprobar va camino de convertirse en papel mojado.
Los promotores, entre ellos no pocos imputados en varias causas, no presentan los avales necesarios que garanticen que pagarán las compensaciones necesarias para poder regularizar los edificios, lo que impide dar a los propietarios las licencias que necesitan. Los promotores, sin decirlo, siguen apostando por una amnistía general. Y tienen en los compradores-rehenes su mejor baza.