El contenido de una conferencia dictada por el juez Miguel Ángel Torres desde su apacible destino en la ciudad de Granada provocó que la semana pasada un grupo de abogados se manifestara en Marbella. Quien fuera primer instructor del ‘caso Malaya’ vino a decir que la corrupción no sería posible si no existiera una industria auxiliar formada por abogados, gestores y asesores fiscales que hace funcionar las redes de blanqueo.
La reacción fue casi inmediata. Como si se dieran por aludidos, un centenar de manifestantes de traje y corbata blandieron carteles y salieron a la calle para pedir amparo ante el Poder Judicial y reclamar la dimisión del presidente del Colegio de Abogados de Málaga por no salir al paso de las declaraciones del juez. Habían sido convocados por una asociación que se autodenomina de ‘juristas libres’ y que se opone a las últimas normas legales adoptadas para la prevención del lavado de dinero.
Seguramente pocas actitudes hay más injustas que señalar como culpables a todos los miembros de un colectivo profesional y hacerlos responsables de lo que hace una minoría. Pero después de todo lo que se ha vivido en los últimos años en Marbella y fuera de Marbella, posiblemente no haya mayor candidez que creer que esa industria auxiliar del blanqueo sólo existe en la imaginación del juez.