Es verdad: se han levantado más expectativas de las razonables en todo el proceso que concluyó el miércoles con la aprobación en el Parlamento andaluz de la resolución por la que se incluye a Marbella en la ley de municipios de gran población. También es verdad que el equipo de gobierno no fue ajeno a que se levantaran esas expectativas, y que que hoy puede exhibir legítimamente como un triunfo propio que el Parlamento haya aprobado lo que no deja de ser un reconocimiento obvio a la importancia estratégica que la ciudad tiene para Andalucía. Pero debe convenirse que existiendo esa ley, cuyas repercusiones prácticas se verán más de puertas adentro del Ayuntamiento que en la vida cotidiana de los vecinos, cualquier otro resultado que no hubiese sido la inclusión de Marbella como entre las ciudades importantes de Andalucía hubiese supuesto un escándalo mayúsculo. Marbella es un municipio de gran población. Ya lo dijo Perogrullo y el miércoles lo aprobó el Parlamento.

Pese a que se trataba de un debate acerca de lo obvio, la sesión parlamentaria dejó datos interesantes y un par de enigmas de difícil resolución. Entre los datos figuran algunos de los aportados por la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien en su condición de parlamentaria intervino en representación del Partido Popular. Muñoz destacó algunas de las cifras incluidas en la memoria presentada por el Ayuntamiento, que ponen en evidencia la relevancia de la ciudad para la economía andaluza y su posición privilegiada en los indicadores relativos al nivel de vida y la calidad de los servicios. Pero sobre todo, lo que estos datos revelan es que el censo que registra 130.000 habitantes no hace justicia a la realidad, y que si los datos reales sitúan a Marbella como la quinta ciudad de Andalucía en cuestiones como el consumo eléctrico y las líneas de teléfono e Internet entre muchos otros indicadores, no es demasiado aventurado suponer que sea también la quinta ciudad de Andalucía en población real.
Muñoz hizo referencia a algunos de estos datos durante su intervención, pero sobre todo reclamó que Marbella sea reconocida como centro regional de la Costa del Sol, del mismo modo que Algeciras lo es del Campo de Gibraltar, lo que sí supondría la llegada de inversiones y equipamientos.
Una de las incógnitas que han sobrevivido al debate es por qué Izquierda Unida se abstuvo después de votar afirmativamente en el punto anterior, cuando se trató la inclusión de Jerez. En su intervención, el parlamentario José Antonio Castro no dio explicación alguna, más allá de algunas generalidades sobre la ley de grandes ciudades y el pasado reciente de la ciudad.
Pero si acaso el mayor enigma sea en qué estaban pensando los responsables del grupo socialista cuando eligieron al parlamentario Mariano Ruiz Cuadra para intervenir en nombre del PSOE. Los socialistas tenían una oportunidad de oro para dar la réplica a Muñoz, explicar los proyectos de la Junta para Marbella y mostrar su compromiso con la ciudad. El citado Ruiz Cuadra, que seguramente no pasará a la historia como uno de los grandes oradores del parlamentarismo andaluz, se limitó a leer (mal) una defensa genérica de la ley de grandes ciudades. Quien le dijo que hablara seguramente olvidó decirle también que se preparara la intervención y que los altos cargos siempre repiten que Marbella es un objetivo estratégico de la Junta. Cuando se ven intervenciones como éstas se entiende la defensa a ultranza que algunos políticos hacen del sistema de listas cerradas. Hay carreras parlamentarias que no sobrevivirían a una exposición desnuda ante los electores sin el camuflaje de una disimulada posición media tras un par de caras conocidas y bajo el anagrama del partido.

Uno de los aspectos en los que la alcaldesa incidió durante su discurso fue el contraste entre la inversión privada con la que cuenta la ciudad, y la inversión pública de la que adolece. Puso el inmejorable ejemplo de la educación, apartado en el que Marbella puede presumir de algunos de los mejores colegios privados del países, aunque la red de centros públicos tras el abandono de muchos años muestra ahora todas sus deficiencias.
Esta situación, no sólo es un ejemplo del contraste entre inversión pública y privada que vive la ciudad, sino el mayor motivo de sonrojo para todos quienes tienen algún tipo de responsabilidad política con competencias en la ciudad. Es cierto que durante 15 años el aislamiento institucional elegido por el GIL tuvo en el sistema educativo a su víctima más indefensa. Pero el gilismo se acabó hace más de tres años, y ha llegado la hora de quitar a la educación de la confrontación política. Es la única actitud que puede conseguir que un municipio de gran población pueda ser considerado por sus propios vecinos como una gran ciudad.