Un aval inesperado para el equipo de gobierno municipal y un golpe igual de inesperado para los grupos de la oposición. El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, ha señalado a Marbella como ejemplo del cumplimiento de la legalidad urbanística. Lo hizo la semana pasada, al presentar ante el presidente de la Junta de Andalucía la memoria del ejercicio del año pasado. Ser la referencia y el paradigma de todo lo que sucedía en el litoral de la provincia ha sido hasta ahora una losa para el nombre de Marbella. Por primera vez esa condición de referente ha constituido una ventaja. El respeto a la ley comienza a ser ahora una realidad en la Costa, y Marbella es señalada como el mejor ejemplo de ello.
Cano Bueso podría haber destacado a Marbella como un ejemplo del cambio de situación, ya que su Ayuntamiento fue durante 15 años y hasta el 29 de marzo de 2006 la cueva de Alí Babá, y ahora es un sitio donde trabajan políticos decentes que a veces aciertan y otras se equivocan.
Pero el presidente no se conformó con señalar ese contraste, ni siquiera habló del Ayuntamiento de Marbella como ejemplo de legalidad, sino que a su ponderación le puso adjetivo: urbanístico. Cano Bueso señaló además con nombre y apellido a Ángeles Muñoz como adalid de ese cambio.
La sorpresa para unos y otros fue causada por el hecho de que si algo ha generado polémica en la política urbanística del PP ha sido su negativa a revisar licencias hasta tanto se apruebe el Plan General, marcando un claro contraste con lo activa que en ese sentido se había mostrado la gestora. Desde que Ángeles Muñoz está al frente del gobierno municipal, el Ayuntamiento ha anulado concesiones administrativas realizadas por el GIL y ha revisado convenios por los que se saqueaban los intereses municipales, y para muchas de estas iniciativas ha contado con el concurso del Consejo Consultivo. Pero no ha revisado licencias de obras porque el equipo de gobierno prefiere esperar hasta la aprobación del Plan General.
Por ello, si Cano Bueso se hubiese limitado a señalar el esfuerzo en retornar a la legalidad es posible que nadie podría haber puesto cara de sorpresa. El contraste con el GIL es evidente. Pero es el apellido de urbanístico lo que ha dibujado gestos de incredulidad. Y también que hiciera referencia explícita a una anulación de licencias que no ha existido.

La intervención del presidente del Consejo Consultivo de Andalucía ha disparado las interpretaciones. La más evidente es que Ángeles Muñoz y su política urbanística han recibido un respaldo definitivo e inapelable de alguien cercano a los círculos de poder en Sevilla en los días previos a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Quien quiera leer en esas declaraciones inesperadas un adelanto de cuál será la actitud de la Consejería de Vivienda cuando tenga que dar el visto bueno al documento no andará seguramente muy errado. La Junta quiere cerrar de una vez el capítulo de la inseguridad jurídica en Marbella, y a estas alturas ya está decidida a abandonar muchos de los postulados con los que llegó al debate. Ángeles Muñoz quiere aprobar cuanto antes un Plan que ya es suyo. Los intereses de ambos, por una vez, son coincidentes.