Aunque existen personas que opinan que ‘Malaya’ debe ya pasar a la historia, las vistas por los recursos contra el auto de procesamiento vinieron a recordar la semana pasada que la causa no ha hecho más que comenzar. Aunque la indecencia descarada forma parte del pasado municipal, quienes hundieron a Marbella todavía no ha recibido el reproche penal por lo que hicieron, y la ciudad se encuentra aún lejos de que se le restituya al menos parte de lo que le quitaron.

Por eso, aunque el caso ha regresado esta semana a las portadas, es bueno recordar que ha estado ahí en todo momento. Durante el tiempo en que la ciudad ha intentado sobrevivir a la deuda de más de 500 millones de euros, a los edificios irregulares con sus miles de compradores que intentan buscar un hueco de legalidad, y a la mala reputación labrada durante años, los abogados de los casi cien imputados han construido argumentos para desmontar la operación policial-judicial que devolvió la decencia a la ciudad. Es su derecho, su obligación y además les pagan para eso. Generosamente. Haber acumulado dinero vale también para permitirse una buena defensa. Forma parte de las reglas del juego.
Esos argumentos son expresados en la sala judicial y en ese ámbito es obligado escucharlos con respeto, pero ello no evita que quienes tienen al menos un mínimo conocimiento de lo que sucedió en la ciudad experimenten unas ganas incontenibles de soltar una carcajada ante algunas exposiciones. Siempre será mejor eso que sufrir el mal rato de que a uno le tomen el pelo. Las normas del Derecho Procesal están para ser respetadas. El sentido común también.

Se ha argumentado, por ejemplo, contra la prolongación del secreto del sumario y la reserva de documentación sensible durante ese tiempo, como si una investigación de este calado se hubiese podido llevar adelante regalando por adelantado información a los investigados. Como si la organización de Roca no tuviese ya suficientes medios –con los infiltrados y chivatos que según ha puesto en evidencia la propia investigación tenía la trama en las entrañas mismas de la justicia y de la propia policía– para evitar que se llegara hasta el fondo.
También se ha criticado el uso supuestamente innecesario de la prisión preventiva, atribuyéndole al juez Torres la perversa intención de utilizarla para arrancar confesiones. Este argumento olvida un dato fundamental en ‘Malaya’, y es que la prisión preventiva tuvo como principal objetivo que los sospechosos no destruyeran pruebas ni pusieran tierra de por medio. En una causa que tiene tres prófugos y donde muchos de los acusados cuentan con unos medios económicos descomunales es más de sentido común apuntar a que si muchos de los procesados pasaron por Alhaurín fue para evitar que siguieran los pasos de Carlos Fernández.
Es verdad que hubo quienes colaboraron para evitar la cárcel y que ahora aseguran que sólo confesaron por temor a dormir entre rejas. Deberían explicar si la documentación y el relato de los hechos con lujo de detalles que entregaron bajo esa supuesta presión fue fruto también de una rica imaginación alimentada por el miedo.
Otra de las actuaciones del juez Torres que ha sido objeto de censura por parte de los abogados, y también de quienes se han hecho eco de sus argumentos, fue la vulneración de las normas de reparto. En este aspecto fue en el que más incidieron los imputados más comprometidos, ansiosos por sacar a Torres de la investigación y repetir la situación recurrente de los 15 años de gilismo, donde las causas dormían en los cajones de los tribunales. El argumento de la supuesta incompetencia del juez ya fue rechazado por el Consejo General del Poder Judicial, pero es de esperar que se vuelva a insistir a falta de mejores argumentos.

Sin embargo, las dos tesis más repetidas han ido en líneas más simples: que la culpa la tiene el otro y que, además, no hay pruebas. La primera se explica por sí misma. La defensa de Roca, por ejemplo, ha sostenido que el poder de decisión fue siempre de Jesús Gil. Tesis curiosa si se tiene en cuenta que Gil murió en 2004 y que la investigación se inició con hechos que estaban sucediendo en 2005 y 2006. Sobre el periodo anterior, también la defensa del Julián Muñoz ha aportado una coartada original: si el juez dice que el que mandaba era Roca, por qué se procesa a un ex alcalde que sólo se limitaba a firmar. Quizás sea por eso.
La endeblez o fortaleza de las pruebas deberá seguramente ser vista en el juicio, pero a no ser que un juez considere que las escuchas telefónicas en las que se reparte Marbella fueran interpretadas por actores de doblaje o que las cajas fuertes contenían billetes del monopoly, más de un imputado lo tiene difícil. La otra baza de los investigadores es la coincidencia en el tiempo de los pagos apuntados en la contabilidad de Roca con las decisiones municipales en las que se beneficiaba a los supuestos pagadores. En casi todos los casos causa y efecto encajan como en el tetris, y es posible que así sea visto por cualquier juez al que no le sobrevenga un ataque repentino de candor. Uno que además de conocimiento del derecho procesal sea capaz de exhibir sentido común.