En las vistas por el ‘caso Malaya’, los abogados de la defensa no se han salido del guión. La línea argumental es desacreditar la instrucción para intentar que la situación se retrotraiga hasta el momento anterior al que la policía dio con la contabilidad de Roca y comenzó a desarmar su tinglado. Para ello necesitan instalar la opinión de que en la instrucción se saltaron todas las reglas.

Por ello, al mismo tiempo que advierten de que no todo vale en la persecusión del delito, no dudan en utilizar el vale todo para anular el proceso. Así es como se atribuye al juez instructor un modus operandi delincuencial que desprecia el Estado de Derecho. O se lo responsabiliza junto a la policía de que hubiera cámaras en el momento de las detenciones, como si los periodistas fueran seres de encefalograma plano incapaces de enterarse por sí mismos de lo que sucede.

El victimismo, la caricaturización del juez Torres como un policía de cine negro que arranca confesiones a fuerza de ablande en el calabozo o exhibir la repercusión mediática del caso como prueba del ensañamiento policial no son más que una parte de una estrategia que busca eludir la cuestión central: alguien no la escondió bien y la policía se encontró con la contabilidad completa. Una ganga para cualquier investigador que hurgue en una red criminal, según reconoció ayer el fiscal del caso.

Los abogados aducen cuestiones de forma, aunque sea a costa de renunciar a sus propias formas, porque lo que tienen es un problema de fondo.