Que no llueva ni una gota en el próximo año y medio es improbable, pero cuando se sigue pasando calor a mediados de noviembre, más improbable es que alguien se atreva a asegurar que es imposible.
El pantano de La Concepción afronta el final de año con la mitad de agua que doce meses atrás, y es ahora cuando es difícil olvidarse de que no hace mucho que las compuertas estaban abiertas para evacuar agua ante la imposibilidad de seguir embalsando. Un estudio sobre los efectos del cambio climático realizado por las universidades de Málaga, Bolonia y Bar-llan (Israel) publicado recientemente revelaba que la provincia de Málaga será más seca en el futuro, y que los periodos de lluvias serán más concentrados. La presa tiene pendiente desde hace años un proyecto de recrecimiento, y si no se acomete en un futuro próximo es más que probable que haya que seguir tirando agua al mar durante algunos meses y se impongan restricciones durante los restantes.

La falta de previsión con la que demuestran actuar las administraciones sólo es comparable con lo previsibles que resultan ser los comportamientos de quienes las dirigen. Esta semana en el Ayuntamiento de Marbella se han debatido los presupuestos del año próximo y los argumentos a favor y en contra han sido, como no, previsibles. De un lado, el PP ha valorado la previsión de las cuentas para 2010 como ajustadas a la realidad y austeras, ha dicho que mantienen la inversión y ha destacado que Marbella sufrirá una reducción en las transferencias del Estado. Sin olvidar que habrá que destinar una porción importante al pago de la deuda acumulada durante años anteriores.
Del otro lado, el PSOE ha acusado al equipo de gobierno de manipular las cifras, ha destacado que no se ejecutan los proyectos que se presupuestan de un año a otro y ha asegurado que los únicos que invierten en Marbella son la Junta y el Gobierno central.
Izquierda Unida ha vuelto a decir que falta participación vecinal, y ambos grupos de la oposición han reclamado que la austeridad comience por una rebaja en los sueldos de los cargos de confianza.
Habrá quien pueda decir, no sin razón, que la discusión de los presupuestos se repite una y otra vez, y que los argumentos parecen grabados un año y reproducidos al año siguiente y que no estaría de más que en el debate más importante del año se intentara al menos subir un poco el listón. Acabar discutiendo, como se ha hecho esta semana, de si el PSOE dejó hace 18 años una deuda más o menos abultada o de por qué en Marbella se pagan los sueldos y en Estepona no, no es seguramente un debate que aporte mucho a los vecinos.

Estepona ya tiene bastante con lo suyo. Para los trabajadores que han cobrado el día 13 y no saben qué pasará el mes próximo es un grave problema. Que el suyo no sea diferente al de tantas empresas de la Costa que afrontan circunstancias similares ni constituye un consuelo ni debe servir para tranquilizar a nadie. Pero la situación de los empleados municipales de Estepona, con ser preocupante en sí misma, lo es más si se asume que lo que está sucediendo es un síntoma más, posiblemente el más claro, de la descomposición institucional de ese ayuntamiento.
Seguramente el alcalde, David Valadez, no es el único responsable, pero sí el primer responsable. Su actuación de esta semana no ha hecho más que ahondar la inquietud no sólo de quienes tuvieron retraso en sus nóminas, sino también de cualquier vecino con un mínimo de interés por la marcha de su municipio. El martes, tras reconocer que no había recursos para pagar los sueldos, se encomendó a la llegada de una ayuda extraordinaria de otra administración. Al mismo tiempo, aseguró que no estaba dispuesto a pagar a unos sí y a otros no –ya que sí había dinero para los empleados del Ayuntamiento pero no para los de las empresas municipales–, ni a acometer una reducción de plantilla en éstas. También dijo que no haría nada ilegal, pero ello es mejor no tomárselo en cuenta ya que más allá de los recursos demagógicos es lo mínimo que se le debe suponer a un cargo público.
El miércoles hizo exactamente lo contrario de lo que había anunciado el día anterior y pagó las nóminas de los 520 funcionarios y empleados laborales, mientras volvía a reconocer que no tenía solución para los 800 trabajadores de las empresas públicas. Lo peor llegó el jueves, cuando aseguró que ordenó pagar a unos porque creía que iba a haber dinero para todos.
En una situación como esta, lo mínimo que puede pedirse a quien ostenta la máxima responsabilidad de una institución es coherencia, por no hablar de al menos dar la sensación de que se está a la altura de las circunstancias. Esgrimir la mendicidad institucional como única salida para un ayuntamiento en ruina es un recurso paupérrimo. Dar un argumento el martes, hacer lo contrario el miércoles y ofrecer una explicación inverosímil el jueves sólo contribuye a disparar la incertidumbre. No explicar cómo ha solucionado el problema es ya inaceptable. Es verdad que no siempre quienes ocupan cargos públicos demuestran estar preparados para ello. Pero Valadez ha conseguido erigirse en el paradigma de quien demuestra tener mucho más entusiasmo por llegar al lugar que ocupa que capacidad para hacer lo que se espera de una persona en su puesto.