Marbella ha terminado la semana con nubes de tormenta en el horizonte. El anuncio de huelga en la recogida de basura durante el próximo puente de la Constitución, en protesta por el nuevo reglamento interno del servicio ha levantado las alarmas en el sector turístico. El puente es para muchos la última oportunidad de hacer caja tras un año con más dificultades que buenas noticias. La medida de protesta fue aprobada en una asamblea celebrada el pasado miércoles con el respaldo de 180 de los 260 trabajadores de la plantilla.
Los sindicatos convocantes de la huelga aseguran que el nuevo reglamento recorta sus derechos, que los honorarios por nocturnidad son inferiores a los que se perciben en otros servicios y que se les descuentan días de descanso cuando faltan al trabajo por enfermedad. La confusa ensalada de siglas que supone el mapa sindical del Ayuntamiento no es un factor que ayude en la negociación, pero si ninguna coyuntura es buena para una huelga de limpieza en pleno puente, en la actual situación sería simplemente inaceptable.

Cuando uno está convencido de que sus argumentos son justos, debe intentar ser coherente para no traicionar los principios en los que esos argumentos se inspiran. De lo contrario, corre el riesgo de ser tomado por un marxista de la tendencia Groucho: «Tengo mis principios, pero si no le gustan tengo otros». El jueves, el PP dio una rueda de prensa en la que reclamó que Marbella ocupe en inversiones de la Junta el mismo lugar destacado en el que figura como una las ciudades que más aportan a la hacienda andaluza: el quinto. Distribuir los ingresos según las aportaciones de cada territorio es un criterio tan válido como hacerlo según las necesidades de cada uno, por tomar dos referencias extremas que seguramente nunca podrán aplicarse de manera tajante. Lo que ha pedido el PP para Marbella en una rueda de prensa celebrada en Marbella es lo mismo que piden los partidos e instituciones catalanas para su comunidad autónoma: como están entre los que más aportan reclaman estar también entre los que más reciben. La alcaldesa protestó porque «hay municipios que aportan mucho menos y reciben mucho más. Si es la quinta ciudad en renta exigimos que también sea la quinta en inversión», dijo.
Seguramente al PP le vendría bien reflexionar si son estos los principios sobre los que quiere reclamar que lleguen a Marbella las inversiones que la ciudad necesita y que en justicia le corresponden, y los ciudadanos de Marbella tienen todo el derecho a preguntarse si el PP va a defender el criterio catalán de más inversión para quien más aporta cuando le toque hacerlo en Málaga, en el Parlamento de Sevilla o en el Congreso de Madrid.
Cambiar de principios según el lugar donde se organiza una rueda de prensa es el camino más rápido para dejar evaporar la credibilidad.

No vendría mal que el alcalde de Estepona, David Valadez, explicara en qué principios se inspira para no dar cuenta de cómo hizo para pagar las nóminas de este mes y cómo tiene previsto pagar las del mes próximo.
No se trata ya de opinar si hizo mal o bien en sacar dinero, para conseguir pagar los sueldos de los trabajadores de las empresas públicas, de donde no debía hacerlo: los fondos correspondientes a los convenios urbanísticos a los que la ley prohibe recurrir para afrontar gastos corrientes. Tampoco de comenzar a cuestionar en qué se diferencia este comportamiento de los que, según parece, había en el Ayuntamiento de Estepona antes de que la ‘operación Astapa’ lo sentara en el sillón de la Alcaldía. Ni siquiera de preguntarse si el alcalde habrá tenido oportunidad de leer alguno de los manuales de política que recomiendan, cuando la legitimidad de origen está cuestionada, conseguir la mayor legitimidad posible en la gestión.
Lo que cabe preguntarse es cómo un alcalde que ha llegado a serlo con la sola carta de presentación de ser el único integrante de la lista mayoritaria que cumplía con el doble requisito de no estar imputado y de tener interés en hacerse con la vara de mando, se permite no dar explicaciones sobre sus actuaciones. Toda persona que está ocupando un cargo público tiene obligación de informar de lo que hace y de responder por ello. Pero cuando se ha llegado a ocupar ese cargo de la forma en que Valadez lo ha hecho –tras haber denunciado prácticas supuestamente ilegales de sus compañeros y esperado pacientemente hasta que las circunstancias lo situaran en la Alcaldía– y en un ayuntamiento con la historia reciente de Estepona, no dar explicaciones reviste ya una irresponsabilidad que raya en lo insano.