Durante la breve transición que supuso la disolución del Ayuntamiento y el mandato de la comisión gestora hubo en Marbella un intenso debate sobre cómo resolver los problemas que Jesús Gil y sus sucesores habían dejado en herencia. La quiebra de las arcas municipales, la desaparición de los espacios verdes, el descontrol urbanístico y la ruina de la imagen de la ciudad compartieron lugar entre las principales preocupaciones con la carga de una plantilla municipal excesiva. Durante meses, la dimensión de la nómina que debía pagarse con los escuálidos fondos del Ayuntamiento estuvo instalada en el centro del debate como uno de los graves problemas a resolver.
No era un asunto caprichoso, ya que no sólo estaba en cuestión la dificultad de mantener a más de tres mil doscientos trabajadores, sino también el propio origen de esa plantilla. La transparencia y la igualdad de oportunidades no habían sido precisamente los criterios que guiaran la selección de personal durante el gilismo. Muy por el contrario, la contratación sin controles por las empresas municipales constituyó durante aquella época uno de los elementos centrales de la estrategia de poder del GIL. El manejo a discreción del empleo público fue una de las maneras de conseguir respaldo en las urnas y que muchos electores miraran para otro lado mientras las denuncias por corrupción llovían en los juzgados y el cemento invadía parques, zona costera y suelo de equipamiento social.
El resultado de aquello fue que cuando llegó la gestora la plantilla municipal estaba inflada, descompensada y retribuida con una serie de beneficios no sólo difícilmente asumibles por un ayuntamiento arruinado, sino también radicalmente injustos para el resto de trabajadores de la ciudad que debían sostenerlos con sus impuestos. Por ello, qué hacer con el personal fue uno de los temas centrales del debate en aquellos meses.
La falta de un acuerdo entre los partidos y los cálculos políticos de cada uno no sólo hicieron imposible que la gestora tomara con la plantilla decisiones tan dramáticas como necesarias. La propia Ángeles Muñoz, siendo todavía candidata, convirtió la estabilidad de todos los trabajadores municipales en una de sus principales bazas electorales. Al llegar al poder cumplió con ese compromiso, y la excesiva plantilla municipal dejó de ser un tema de controversia, pese a que la nómina se sigue llevando casi el 70 por ciento del presupuesto de un ayuntamiento en el que las inversiones son testimoniales y donde los ingresos no dejan de reducirse con motivo de la crisis económica.
Seguramente cuando el gobierno del PP renunció a la depuración y decidió garantizar la estabilidad laboral de todos los empleados de las empresas municipales al convertirlos en trabajadores del Ayuntamiento lo hizo en la convicción de que durante algunos años tendría garantizada la paz social. La huelga en el servicio de basura que se ha montado en pleno puente ha venido a demostrar lo ingenuo de aquel planteamiento. Cuando un debate trascendental se cierra en falso casi siempre resulta inevitable que resurja en el peor momento, de la manera más incómoda y sin posibilidad de articular soluciones.