La historia de una década en la que se inventaron coartadas para que el urbanismo sólo se sometiera al control de los maletines, las sucesivas aprobaciones –inicial, provisional y provisional otra vez, cada una con su correspondiente periodo de alegaciones–, capaces de desorientar no ya a los neófitos sino también a los observadores avanzados, los repetidos incumplimientos de los plazos y la urgencia de una economía con razones para sentir nostalgia por la época del ladrillo en barra libre porque aún no vislumbra una alternativa. La lista de razones que han conspirado para que la incredulidad genere un ambiente de cinismo cada vez que se menciona al Plan General de Ordenación Urbana de Marbella podría ser aún más larga. Tanto, que hasta ahora eran pocos quienes se habían atrevido a tomar decisiones en relación al documento, y hasta hubo quien comenzó a entender a Marbella como una ciudad donde la ilegalidad urbanística era una situación crónica.
Sin embargo, en las últimas semanas se vienen advirtiendo una serie de situaciones marcadas por la urgencia que conducen a pensar que esta vez el asunto va en serio.
En las dunas del Barronal, un enclave que el nuevo PGOU no protege aunque si destaca su valor, los promotores se han dado prisa por iniciar las obras de urbanización –lo que ha supuesto laminar el ecosistema– y por pedir licencia para construir 152 chalés. A no ser que tengan compradores seguros que se han despistado en plena crisis, el movimiento se parece más a intentar buscar ahora un blindaje para el futuro ante la creciente protesta vecinal .
En el mismo sentido puede leerse la licencia para construir pisos y locales comerciales en el solar que todavía ocupa el antiguo edificio de Radio Nacional concedida la semana pasada al empresario Tomás Olivo, que lo adquirió en subasta pública cuatro años atrás. El documento original del PGOU había fijado para este inmueble el uso de equipamiento público, aunque en la tramitación posterior el empresario consiguió que se lo cambiara a servicios terciarios, con la recomendación por parte del equipo redactor de que se lo utilizara para levantar un hotel. El documento fijaba que de los 6.800 metros que se podrían construir, 1.200 deberían reservarse para equipamiento público. Las prisas han aconsejado conceder una licencia que permite a Olivo construir pisos y locales comerciales, cinco plantas sobre Ricardo Soriano, sin compensación alguna al Ayuntamiento.
La urgencia también se ha presentado en Guadalmina, zona que el futuro Plan señala como de especial protección arqueológica, lo que obligará a contar con un informe previo de Cultura antes de acometer cualquier tipo de obra que afecte al subsuelo. Alguien bien informado se apresuró a remover terreno, pero el ojo avizor de un vecino descubrió restos de cerámica entre los escombros. Un estudio posterior determinó que pueden ser de origen romano y musulmán, por lo que se han paralizado las obras.
Si se cumplen los plazos previstos, el Plan no estará hasta febrero, por lo que nadie debería extrañarse si de aquí a entonces las prisas reservan nuevas sorpresas.