AL final es como si nada hubiese pasado, un mes de conflicto para acabar en el mismo punto donde se había comenzado. La forma en que se ha resuelto el problema sindical suscitado en el servicio de recogida de basuras ha dejado en evidencia que estamos ante dos escenarios posibles: o se trataba de un asunto que no era tan grave como para montar una huelga en un servicio esencial en pleno puente, o bien era un conflicto artificial creado por sindicatos minoritarios para ganar peso y relevancia entre los trabajadores municipales. Un análisis de lo sucedido invita a situarse cerca de ambas, pero más de la segunda hipótesis que de la primera, ya que a estas alturas sólo al más cándido de los ingenuos se le podría ocurrir identificar como un problema laboral lo que ha sido, según ha quedado en evidencia, sólo un problema sindical.

Tras el acuerdo alcanzado el miércoles, mediante el cual los empleados municipales aceptan el reglamento interno inicial firmado entre el Ayuntamiento y parte del comité de empresa, los trabajadores se quedan tal y como estaban antes de iniciarse el conflicto. Lo paradójico de la situación ilustra por sí solo su naturaleza. En un mes se ha pasado de montar una huelga en pleno puente de la Constitución para protestar contra el reglamento interno a levantar otra huelga tras firmarse un acuerdo que supone acogerse a ese mismo documento.

La resolución no sólo es absurda en sí misma, sino que pone de manifiesto que todo el conflicto, desde el comienzo hasta el final, ha sido absurdo en su conjunto.

Los problemas se iniciaron a finales de noviembre, cuando tres sindicatos minoritarios -STAL, CGT y SAT- anunciaron su oposición a la firma de un reglamento interno apoyado por el comité de empresa del Ayuntamiento con el argumento de que no cumplía con el convenio colectivo al tiempo que reclamaban trabajar solamente de lunes a viernes y que en caso de hacerlo en fines de semanas y festivos, que se mejoraran sus retribuciones.

La falta de acuerdo con el Ayuntamiento dio lugar a una huelga que tuvo en vilo a la ciudad en pleno puente de la Constitución y que abrió la puerta a una negociación que supuso un gol en toda regla en la meta de los sindicatos convocantes. El Ayuntamiento aceptó adoptar un calendario de trabajo de lunes a viernes y estableció la voluntariedad de los turnos de noche ante la imposibilidad de aumentar las retribuciones.

La figura del funcionario que trabaja, con mayor o menor brío, de lunes a viernes y de ocho a tres, puede constituir una aspiración para la mayoría de empleados cuyas jornadas en nada se parecen a ese ideal, pero hay que tener cuidado a la hora de elegir aspiraciones, porque a veces se cumplen.

Cuando los trabajadores regresaron a sus casas e hicieron cuentas comprendieron las dimensiones del autogol. No sólo perdían el dinero extra de los fines de semana, también se quedaban sin los días de descanso que acumulaban con las horas extraordinarias de los festivos y cuando no se acogían a la reducción de jornada. Hasta tres meses de vacaciones por año. Para el Ayuntamiento, no suponía mayor problema. El para algunos fontanero y para otros cerebro del equipo de gobierno, Carlos Rubio, dio dos en una. Al mismo tiempo anunció el acuerdo que ponía fin al conflicto y anunció la privatización parcial del servicio para cubrir las jornadas en las que los operarios de limpieza disfrutarían de su estrenada calidad de vida.

Seguramente a esas alturas, muchos trabajadores del sector privado, en paro y en activo, ya se cuestionaban en qué planeta viven los protagonistas del conflicto. Cuando convocaron otra huelga contra la privatización del servicio en fines de semana, esta vez apoyada por menos de una cuarta parte de quienes habían respaldado la primera, los sindicatos estaban reconociendo implícitamente su error.

Al final, acabaron firmando lo que un mes antes rechazaban, mientras que el personal se preguntaba si todo esto no estuvo de más. Si no se lo podrían haber ahorrado.