A estas alturas ya parece una obviedad recordar que los partidos, cuya vida interna y sus mensajes a la sociedad se desarrollan como si cada semana fuera a haber una convocatoria electoral, están metidos de lleno en la campaña para las elecciones municipales del año que viene y con un ojo puesto en las autonómicas y generales del siguiente. Lo que no resulta tan de perogrullo es preguntarse si esa forma de entender la política redunda en algún tipo de beneficio para los ciudadanos o si, por el contrario, acaba por corroer no sólo el funcionamiento de las instituciones, sino también la percepción que se tiene de lo público.
Es posible que cuando los legisladores establecieron un periodo de campaña electoral limitado a los quince días anteriores a los comicios hayan tenido en cuenta este desgaste que supone la confrontación permanente. Si se acaba concluyendo que su intención fue evitar estas situaciones, es imposible contener cierto sentimiento de ternura ante tanta ingenuidad.
El déficit en la dotación sanitaria de Marbella no es un problema menor. Es más, podría decirse que junto a la falta de plazas escolares constituye no sólo lo peor de la herencia Gil, sino también una cuestión sangrante. Además de afectar a derechos esenciales, en una ciudad donde existen dotaciones sanitarias y educativas privadas de excelencia a las que evidentemente no todos los ciudadanos tienen acceso, supone un ensanchamiento de la brecha social que una sociedad moderna no puede permitirse. Por ello, recuperar el tiempo perdido en sanidad y educación debería ser una prioridad, no sólo del gobierno municipal, sino de cualquier dirigente político con un mínimo de sentido de la responsabilidad.
Artillería
Esta semana, el equipo de gobierno lanzó toda su artillería para poner las carencias de la atención primaria en el centro del debate, y no puede negarse que ha habido organización: el lunes la alcaldesa se acercó a la mesa donde los vecinos de Las Albarizas recogen firmas para exigir la imprescindible ampliación del centro; el martes, el PP empapeló Nueva Andalucía con carteles en los que se arremetía contra la Junta por la situación del distrito; el miércoles, vecinos de Las Chapas organizaron una protesta en la que repitieron uno a uno los argumentos del Consistorio.
No cabe discutir la legitimidad de estas acciones. Pero sí preguntarse si están en clave de la campaña a toda hora o en la de buscar soluciones. Y en todo caso, si ambas son compatibles.
Tanto en sanidad como en educación las competencias están repartidas: el Ayuntamiento tiene que dar suelo y la Junta debe usar ese suelo para construir los equipamientos, dotarlos y ponerlos en funcionamiento. Desde hace tres años, los vecinos asisten a una representación repetida: el gobierno municipal exige inversiones y la administración autonómica responde que el Ayuntamiento no le da suelo. El gobierno municipal asegura que sí le ha dado suelo y la Junta responde que ese suelo no sirve, o, más novedosamente, que no ofrece garantías suficientes. Se trata de una lógica que no vale para resolver los problemas importantes de la ciudad, pero sí da respuesta a las necesidades de unos y de otros. Los primeros, porque tienen un argumento de campaña incontestable; los segundos, porque en época de carteras exiguas cuentan con una excusa perfecta para no abrir la mano.
Mientras tanto, el PSOE limita su actividad política a recordar que las actuaciones que sí hace el Ayuntamiento son por inversiones de la Junta y el Gobierno, como si la Junta y el Gobierno no tuvieran la obligación de invertir en Marbella, como si los fondos de la Junta y el Gobierno pertenecieran al partido que administra ambas instituciones y no a los ciudadanos, y como si un ayuntamiento arruinado tras quince años de saqueo continuo tuviese otra alternativa que gestionar recursos ajenos.
Todavía falta un año para las elecciones municipales, pero cabe preguntarse quién será capaz de saltarse la lógica de campaña y comenzar a dar soluciones. Quien lo haga, posiblemente se acabe llevando el tan ansiado rédito electoral.