J.A.G son las iniciales de una persona que, según la investigación, tenía un profundo conocimiento de la estructura policial y dio información a Roca sobre quiénes lo estaban investigando a cambio de un pago de 200.000 euros. Cuando el juez Torres y los policías que investigaban ‘Malaya’ quisieron desvelar su identidad se encontraron con un muro infranqueable. Los policías acabaron abandonando el caso, y pocas semanas después fue el propio juez quien se marchó a su destino en un juzgado de Granada. El asunto fue archivado.

La unidad de Asuntos Internos de la policía consideró que no era posible conocer la identidad del topo, y más allá de la coincidencia de iniciales y del hecho de que se trata de una persona que conoce la estructura de la policía, no existen otros indicios que permitan asegurar que González sea J.A.G. Por eso, la intervención del abogado de Rafael Gómez puede leerse en dos sentidos: primero, como un aparente infundio impropio de una sala donde se imparte justicia. Segundo, como una maniobra que intenta envolver la investigación en un manto de sospecha que eche por tierra todo el caso. Como si el hecho de que no se haya podido-querido-sabido identificar a quién está detrás de unas iniciales invalide las deducciones lógicas en las que los investigadores basaron toda la operación.

Con su defendido señalado por unas iniciales en la contabilidad de Roca y el comisario jefe de la Policía Judicial libre de imputación, la defensa de Rafael Gómez ha mentado el agravio comparativo. Pero la intervención del abogado no sólo ha desnudado su estrategia de defensa, sino también la estrategia vital de dirigentes políticos y de sus correas de transmisión, que una vez más han preferido hacer la lectura de los hechos en función de la estrechez de sus miras y la miseria de sus intereses más inmediatos sin tomar en cuenta la gravedad de lo que se está investigando y cómo afecta al conjunto de la sociedad.

Así, mientras del lado del PP se da por hecho de que González es J.A.G., simplemente porque a ese partido le vendría bien que un alto mando cercano a Rubalcaba y además vinculado al ‘caso Gürtel’ se viera envuelto en semejante escándalo, desde el PSOE no sólo se niega esa posibilidad, sino que se resalta la labor de los altos mandos policiales en la investigación de ‘Malaya’, como si este caso no tuviera aún muchos puntos oscuros por aclarar. Una de las versiones que se están lanzando en ese sentido durante las últimas semanas, a remolque del regreso de ‘Malaya’ al primer plano de la actualidad con motivo del juicio, es que la investigación no comenzó en la comisaría de Málaga, sino en Madrid, y que la jerarquía policial estuvo en todo momento al frente de la operación.

No es difícil deducir a qué responde esa teoría, del mismo modo que es imposible no relacionarla con la vergüenza que supone para los altos mandos policiales no sólo el ostracismo profesional al que inexplicablemente fueron condenados los policías que directamente llevaron el caso, sino también al hecho incontestable de que el Estado tardó 15 años en desmontar el chiringuito de corrupción que Gil y sus secuaces habían montado en Marbella. Tampoco es difícil descubrir la absoluta falsedad de la versión de una investigación impulsada desde la cúpula policial. Sólo es necesario regresar al sumario del ‘caso Malaya’, ordenarlo cronológicamente, revisar los informes policiales y comprobar cómo, en qué fechas y desde qué unidades se llevó la iniciativa y el peso de la investigación. O repasar los autos firmados por un juez Torres temeroso de las posibles filtraciones en los que se prohibe a los miembros del equipo de investigación que pasen información a sus propios jefes.

Por estos derroteros, la verdad va camino de convertirse en una de las principales víctimas del revuelo que provocará el juicio de ‘Malaya’. Porque a estas alturas, que se lance una acusación alegremente en un tribunal de justicia importa a algunos, y que la policía no haya sabido encontrar al topo que, según parece, se escondía entre sus filas, a otros. Depende en qué camiseta política se enfunde cada cual parece que preocupe una cosa o la otra, nunca las dos. Por eso, no debe extrañar que los partidos políticos no hayan estado a la altura durante los años de la lacra gilista. Y que llegada la hora de la justicia sigan mostrando que sus intereses y los de la sociedad discurren por caminos que raramente convergen.