El argumento que se esgrime no es nuevo: no tiene sentido demoler un edificio que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, documento consensuado con la Junta de Andalucía, legaliza. Ese es el argumento legal. El moral, o político si se quiere, es el de los llamados compradores de buena fe. Personas que adquirieron su vivienda sin enterarse de lo que estaba pasando en Marbella.

Por este resquicio moral o política se han colado no sólo los edificios habitados, sino también los que están terminados y sin ocupar. Se dijo que la ciudad, o quien sea, no podía perder ese patrimonio. También que la foto de la picota atentaría contra la imagen de Marbella, o que no se podría hacer frente a las reclamaciones patrimoniales de quienes, no sin cinismo, exhibieran una licencia concedida años atrás. Aunque bajo el anagrama del Ayuntamiento luciera la firma de un delincuente. Ahora se podrá consumar el negocio.

Marbella ha perdido la oportunidad de hacer justicia, de ganar en autoestima, de no cerrar en falso el periodo más negro de su historia, de lanzar un mensaje. Posiblemente hubiera bastado con una, con dos o con tres piquetas ejemplares. Pero ni eso.

Cuando se analiza quiénes son los promotores que se benefician de esta situación, pocos se sorprenden al encontrarse con una lista en la que aparecen muchos de quienes tienen reservado asiento en el nutrido banquillo de los acusados del ‘caso Malaya’. Por eso, cabe preguntarse con qué autoridad moral -concepto que nada tiene que ver con el oportunismo político- la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella ejercen la acusación en ese proceso.