Cuando un gobierno dicta una ley debe garantizar su cumplimiento. Cuando existe una norma, las administraciones deben hacer que se respete, independientemente de que resulte más o menos oportuno electoralmente. Cuando es necesario recordar lo evidente es que algo va mal.

El desafío a la ley antitabaco del propietario del Asador Guadalmina no es solo una promoción oportunista. Es también un desafío al Estado y a sus instituciones. Que inspectores de la Junta y policías locales pasaran por ahí para levantar acta el primer día y se quitaran de enmedio tan pronto como se alejó el foco mediático demuestra que hacer lo que se debe no es lo que más preocupa en algunos despachos. Esta inhibición deja desamparados a los empresarios que, con más o menos ganas, respetan las normas de convivencia.

Las administraciones deben intervenir. Para eso las sociedades delegan en las instituciones del Estado el monopolio del poder coercitivo. Si no actúan para proteger a quienes se comportan civilizadamente, al menos deberían hacerlo para que nadie se jacte de reírse en su cara. Que es como reírse en la de todos.