El principal acusado en el ‘caso Malaya’ ha vuelto a prestar declaración ante el tribunal que lo juzga y ha hecho algo más que exhibir la actitud de sobrado con la que ha decidido afrontar su defensa: también ha propuesto una lógica con la que pretende que todos -tribunal, abogados, fiscal y opinión pública- se guíen a lo largo del proceso que lo tiene como principal protagonista.

Su argumento es que ya era un empresario cuando llegó a Marbella, que lo siguió siendo cuando Gil lo puso al frente del área de urbanismo del Ayuntamiento y que fue su remuneración mensual -12.000 euros o dos millones de pesetas de la época- y su astucia comercial lo que le permitió llevar el tren de vida que causó sonrojo y escándalo cuando saltó a la luz.

No se trata solo de hacer una multiplicación para concluir que en los 15 años en los que estuvo en el Ayuntamiento su salario sumó algo más de dos millones de euros (el uno por ciento del patrimonio que acumuló en ese tiempo), ni de desmontar la mentira de que cuando se convirtió en asesor de Marisol Yagüe solo trabajaba en el Ayuntamiento dos mañanas por semana y podía dedicar el resto del tiempo a sus empresas. Ni siquiera se trata de darse por satisfecho porque desde que comenzó el juicio haya admitido ante el tribunal varios delitos fiscales.

De lo que se trata es de no aceptar el razonamiento que pretende dar por bueno. De no admitir como normal que una persona que trabaja y cobra de una institución pública realice negocios privados desde el despacho que le han delegado quienes representan a los vecinos, con información que solo debería servir al interés público, con el poder delegado por los ciudadanos y hasta con secretaria pagada con dinero de todos

Porque es precisamente eso, la confusión entre lo público y lo privado, en lo que consistió el GIL y lo que Roca quiere que consideremos normal. Es eso lo que se está juzgando en Malaya. Si hubo confusión, hubo delito. De eso se trata.