Los vecinos de Marbella tienen motivos para creer que si esto hubiese sucedido en su ciudad el escándalo sería mayúsculo y los tertulianos que de todo opinan llevarían días dictando cátedra televisiva acerca del lugar donde no se respeta la ley.

Pero no ha sido en Marbella -donde la legalización de viviendas ha obligado al cumplimiento de unas normas de compensación que ha dejado cientos de pisos en el limbo jurídico, lo que no fue obstáculo para escandalizar a una legión de fariseos que ahora no han abierto la boca-, sino en la Axarquía. Este condicionante geográfico ha hecho que la amnistía que la Junta de Andalucía ha anunciado para 11.035 viviendas ilegales no haya traspasado las fronteras informativas de la provincia.

En vísperas de unas elecciones municipales, la Administración autonómica se dispone a blanquear una situación que fue creciendo durante años ante sus propias narices. La consejera asegura que no se trata de una amnistía, «sino de reconocer una situación que está ahí», como si el objetivo último de la política fuese limitarse a certificar con la precisión de un notario la realidad «que está ahí» y no trabajar para transformarla en beneficio de la sociedad, o como si la obligación de las administraciones se limitara a ese trabajo notarial y no a hacer cumplir la ley.

La realidad «que está ahí» es que sería difícil encontrar ejemplos más contundentes acerca de la impotencia de una administración para hacer cumplir las normas que ella misma promueve, o de cómo renunciar a los principios en aras del interés político (o electoral para ser más preciso), o de cómo beneficiar a los infractores, lo que equivale a castigar a quienes cumplen la ley. Pocos ejemplos más precisos pueden encontrarse del principio de ‘Si no puedes vencerlos, únete a ellos’.

Por ello, no debe extrañar que a estas alturas los infractores urbanísticos de todos los rincones estén comenzando a preguntar ‘qué hay de lo mío’, los alcaldes que hicieron la vista gorda se dispongan a cosechar en las urnas el beneficio de este enjuague vergonzoso y los ciudadanos comiencen a cuestionarse si existe alguien que defienda los intereses y los derechos de quienes sí cumplen las normas.