Quien albergara esperanzas de que la puesta en el primer plano del debate público de los sueldos de los políticos, las contrataciones arbitrarias, el enchufismo en las instituciones o la utilización del dinero público para pagar favores y lealtades de partido fuera a servir para que las cosas comenzaran a andar en la buena dirección se debe haber llevado esta semana un buen baño de realidad. Un cosa es que se debata sobre un asunto. Otra muy distinta es que quienes consideran normal una situación inaceptable simplemente porque se benefician de ella estén dispuestos a cambiarla.
Después de las últimas elecciones hubo algunos gestillos: cargos públicos que se bajaron el sueldo, anuncios de políticas de austeridad, promesas de reducción de gastos… Argucias para entretener al personal. Ni poniéndose de acuerdo los partidos lo hubieran hecho mejor. En los últimos días, la porquería ha aflorado por todos los rincones como si las tuberías se hubieran atascado con tanta desvergüenza.
Repasemos. Recientemente se ha sabido que la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz (de Izquierda Unida) ha contratado a su hermana y a la mujer de su hijo como directoras de área en el Ayuntamiento. A la hermana, además, le ha completado el sueldo como asesora del Instituto Nacional de Estadística con la asignación de unas funciones cuya lectura resultaría desternillante si no estuviésemos hablando del dinero de todos. Con los nuevos nombramientos, Manilva suma en su Ayuntamiento 20 directores de área (uno por cada 700 habitantes), muchos de ellos con funciones superpuestas.
En Estepona, nueve altos cargos nombrados durante el anterior periodo municipal –cinco designados por el exalcalde David Valadez (PSOE) y otros cuatro confirmados durante su mandato– y destituidos al conformarse la nueva corporación han demandado laboralmente al Ayuntamiento con la intención de seguir en sus puestos. Sus nóminas suponen una carga para los vecinos de Estepona de más de medio millón de euros al año, y la misma argucia que se utilizó para contratarlos, su inclusión en la nómina de las empresas municipales y no del Ayuntamiento, es la que les puede servir ahora para seguir siendo una carga para la quebrada economía municipal.  Si se analiza quiénes son estos cargos y de qué partidos proceden se entiende cuál era el pegamento con el que se cimentó la extraña alianza política que mantuvo a Valadez en el poder hasta las últimas elecciones.
En Marbella, donde gobierna el Partido Popular, se acaba de contratar como director de área al marido de la exconcejala Liria Menor, elegida por el PSOE en el anterior periodo pero que antes de dimitir dio su apoyo al PP en una votación en la que su respaldo era imprescindible para obtener una mayoría cualificada. Un favor por otro. La nómina se pagará con el dinero de una institución pública quebrada que ni siquiera se ha dignado informar de a qué cargos de confianza tienen contratados y qué tarea desarrolla cada uno.
Pero si los actos son por sí mismos decepcionantes, más lo son las respuestas que los políticos han dado cuando esos hechos se hicieron públicos. Nada de autocrítica. Ni un atisbo de propósito de enmienda. Ni una señal de que han aprendido la lección. Mucho menos de que el nepotismo y la arbitrariedad en el manejo de los fondos públicos puede desaparecer en el futuro.
La alcaldesa de Manilva ni se dio por enterada de que la habían pillado. El que respondió fue el coordinador provincial de Izquierda Unida, José Antonio Castro, aunque de haberse quedado callado le hubiese hecho un favor a la coalición y a sí mismo. Ofreció como explicaciones que la hermana de la alcaldesa es militante de Izquierda Unida y que ya había estado contratada como cargo de confianza en la Mancomunidad de la Costa del Sol. Una respuesta que explica hasta qué punto esta gente entiende como normal lo que el común de los ciudadanos considera inaceptable.
La respuesta de David Valadez sobre el escándalo de los cargos de confianza cuando el PSOE y sus socios gobernaban en Estepona llevó el sello patológico del autor. Negó los hechos, dijo que a esa gente no la había contratado él y dibujó de sí mismo el perfil de un luchador contra este tipo de abusos. Si la realidad le acompañara, Valadez sería un político ejemplar. Pero los hechos son tozudos y se empeñan en describirlo como todo lo contrario.
La intervención del PP tras la denuncia sobre la contratación del marido de la exconcejala tránsfuga de Marbella no fue más tranquilizadora. Horas después de que el PSOE denunciara los hechos, el portavoz popular en el Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, acusó a los socialistas de estar «instalados en la mentira y en la confusión», pero ni una palabra sobre por qué se contrató al marido de la exconcejala tránsfuga, qué proceso de selección se ha seguido y a cuánto asciende su nómina. Ni hablar de dar toda la información requerida en repetidas ocasiones sobre cuántos y quiénes son y cuánto cobran los cargos de confianza contratados por el Ayuntamiento.
Los partidos, todos, se han apropiado del dinero de todos. Y como se ve, no tienen la menor intención de soltarlo.