No  estamos en un paisaje arrasado como el que dibujan las series de marcianos hostiles o de epidemias de zombies caníbales que tanto rédito están sacando al miedo apocalíptico que con la crisis invade al personal, pero hay semanas que invitan a pensar que corremos con entusiasmo en esa dirección. Con cinco millones de parados y todas las administraciones en quiebra –con las deudas que arrastran y con sus respectivas estructuras de ingresos y gastos, ni el Estado, ni la Junta de Andalucía, ni mucho menos los ayuntamientos de Marbella o Estepona seguirían funcionando si fuesen empresas privadas–,  es lógico que quien todavía no lo está pasando mal por su situación personal sufra por su entorno o por los temores que le invaden cuando piensa en el futuro.
Ante este panorama, lo que faltaba para acabar de dibujar un paisaje oscuro, de futuro negro, de túnel sin luz al final del recorrido, ha llegado con la decisión de las instituciones y de los políticos que las dirigen de apagar las luces de las autovías.
Esta semana se ha sabido que los ayuntamientos de la Costa del Sol no seguirán pagando la iluminación de la A-7 a su paso por  sus respectivos términos municipales tal y como lo venían haciendo desde tiempos inmemoriales. De ahora en más tendremos que acostumbrarnos a circular solamente con las luces del coche –eso sí, a 80 kilómetros por hora, según lo decidió Fomento durante el verano en una decisión aún deudora de explicaciones–. Pero lo negativo no es asumir lo mal que están las cosas, sino el camino por el que se ha llegado a esta decisión, que no solo describe la situación terminal de las arcas de las administraciones, sino también el poco sentido institucional de quienes las gobiernan. Si el objetivo hubiera sido ofrecer a los contribuyentes una metáfora que explicara cuál es la situación no hubiesen podido hacerlo mejor.
Que los ayuntamientos hayan llegado a la conclusión de que es a Fomento y no a ellos a quien le corresponde pagar la iluminación de la autovía es una posición respetable, que puede ser defendida con argumentos razonables y que incluso se puede llegar a compartir. Que lo hayan hecho no como consecuencia de una reflexión, sino tras la búsqueda desesperada de un nuevo recorte es más cuestionable. Que el plante frente al Gobierno  haya sido al unísono por parte de los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular y coincidiendo con un periodo preelectoral invita a la sospecha.
Que los responsables de Fomento se hayan desentendido del problema como si el asunto no fuera con ellos demuestra que estamos ante un gobierno que sufre parálisis aguda y que carece no solo de capacidad de reacción sino también de un mínimo pulso político. Y demuestra también que en responsabilidad institucional los partidos suspenden con idéntica mala nota.
Durante los años de bonanza, y aun durante los primeros años de la crisis, la cuestión de la iluminación de la autovía nunca estuvo encima de la mesa. No solo éramos ricos, también lo parecíamos.
Han tenido que llegar unas elecciones en medio de la crisis más profunda que se recuerde para enterarnos de que somos tan pobres que ni siquiera nos podemos permitir unas farolas en la carretera. Que los ciudadanos están en el último lugar entre las prioridades de quienes rigen las instituciones –y las elecciones, en el primero– hace tiempo que lo sabíamos.