El último post, que reproducía un artículo publicado en la edición en papel de SUR el 20 de diciembre y hacía referencia a la necesidad de que se deje de criminalizar a Marbella por lo sucedido durante el gilismo y se reconozca su condición de víctima, ha suscitado un interesante debate con lectores y amigos que subrayan que la ciudad, o una parte significativa de la misma, fue cómplice y no víctima de lo sucedido.

Se trata de una discusión interesante que evidentemente no puede resolverse solo a golpe tuit, así que intentaremos profundizar desde aquí.

Por un lado, es una evidencia que el GIL ganó en Marbella cuatro elecciones municipales consecutivas, la primera, en 1991, después de que Jesús Gil llegara a la ciudad con un discurso basado en el insulto y con el anuncio de que venía a hacer negocios; las dos posteriores, en 1995 y 1999, después de conocerse su implicación directa en casos de corrupción; la última, en 2003, con el propio Gil ya inhabilitado por la justicia y con la lista encabezada por un personaje como Julián Muñoz. Las muestras de afinidad entre una parte significativa de la sociedad de Marbella y los depredadores municipales no se acaba en lo electoral. Hubo cómplices y pelotas que no perdieron la oportunidad de aplaudir a Gil y denostar a quienes con valentía osaban levantar una voz de protesta.

¿Pueden, podemos, los marbellíes argumentar que no sabían, que no sabíamos, lo que estaba pasando? Es evidente que no.

Miremos ahora la situación desde otro punto de vista. ¿Calló toda la ciudad frente a los desmanes del GIL? No lo hizo. ¿Tuvieron los partidos de la oposición en aquel momento una posición de complicidad? No la tuvieron. ¿Se abstuvieron los periódicos y otros medios de comunicación de contar lo que estaba pasando? Tampoco.

Y la cuestión principal: ¿Quién fue el robado? ¿A quién ha perjudicado el saqueo del Ayuntamiento y los desmanes urbanísticos que hipotecan el presente y el futuro de la ciudad?

Las respuestas a estas preguntas llevan a una conclusión difícilmente discutible: hubo complicidad en la ciudad, y también la ciudad fue víctima de 15 años de indecencia. Ser víctima y haber sido cómplice no son necesariamente condiciones incompatibles, sobre todo porque no deben pagar 200.000 ciudadanos de ahora y los del futuro por lo que votaron 20.000 de sus vecinos entre 1991 y 2003. Y también porque quienes ejercían la hegemonía social durante aquellos años, quienes conseguieron imponer el discurso nefasto de ‘roban pero hacen’ ya no pueden hacerlo. Ahora son otras las voces las que se escuchan. Para ello basta con analizar qué sucedió cuando alguien desde las cofradías quiso imponer como pregonera del próximo año a una exedil del GIL acusada de corrupción en el ‘caso Monteverde’ y condenada por el Tribunal de Cuentas a devolver al Ayuntamiento 110.679,99 euros. Tuvo que rectificar.

Los jueces -una corporación que tampoco estuvo muy activa durante los años difíciles- no lo están dudando en las sucesivas sentencias que se dictan sobre los casos de corrupción: a quien se debe indemnizar es al Ayuntamiento, representación institucional de los vecinos de Marbella. ¿Por qué? Porque es precisamente del Ayuntamiento de dónde se llevaron todo lo que pudieron y más. Porque es a esa institución a la que dejaron arruinada por décadas. Las sentencias no entran a valorar si hubo masoquismo social en una comunidad que dejó en mano de zorros desalmados las llaves de su gallinero. Simplemente valora con toda la objetividad posible de quién era el bolsillo en el que Gil y sus cómplices metieron la mano.

Durante los años en los que se debatía acerca de los desmanes urbanísticos, un debate que posiblemente la aprobación del PGOU haya cerrado en falso, llamó la atención que muchos de los compradores de viviendas ilegales mostraran su indignación contra todo el mundo -el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el redactor del nuevo Plan, los ecologistas, los vecinos que opinaban que no todo era legalizable y por supuesto, los periodistas-, pero no contra quienes les habían vendido los pisos. Reclamaban indemnizaciones institucionales, con dinero público, en lugar de exigir a los estafadores que le devolvieran lo suyo.

Es una situación que no debe extrapolarse. Ahora la ciudad, ante la falta de fondos, pide con razón ayuda institucional, de la que seguramente es acreedora por la cantidad de inversiones que durante años han dejado de hacerse.

Pero ello no debe hacer que se pierda el foco sobre la cuestión principal. Hay que ir a por quienes se lo llevaron todo. Las sentencias los identifican con nombre y apellido.

Y sobre todo hay que demostrar que se ha aprendido la lección.