El constructor Fidel San Román, uno de los muchos que se sientan en el banquillo de los acusados del juicio por el ‘caso Malaya’, no hizo esa pregunta al tribunal, pero casi.

Durante su declaración del lunes admitió haberle pagado a Roca tres millones de euros cuando desde el Ayuntamiento de Marbella se le exigió esa cantidad para concederle la licencia de primera ocupación de una promoción que acababa de terminar y que tenía prácticamente vendida.

Como muchos otros promotores, subrayó su condición de víctima ante el chantaje de la trama dirigida por Roca. Pagó, dijo, porque no podía hacer otra cosa. Porque estaba entre la espada y la pared.

Si admitimos ese razonamiento estamos perdidos, porque daríamos por hecho que carecemos de armas para luchar contra los corruptos que utilizan el poder político para enriquecerse. San Román, como el resto de los empresarios que eligieron pagar, tenía otra opción: denunciar ante la policía o ante un juzgado. Pero no lo hizo. Pagó porque aún perdiendo tres millones de euros aquel seguía siendo un un buen negocio.

La gran cantidad de políticos que se han sentado en el banquillo de los acusados demuestra que en este país no es necesario ser un héroe para denunciar un abuso. Basta con ser un buen ciudadano.

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