Existe desde tiempos de Aristóteles y aún hoy constituye una herramienta a la que los matemáticos pueden recurrir para demostrar sus hipótesis. La reducción al absurdo consiste en negar la proposición que se quiere demostrar, y si a través de razonamientos sucesivos se llega a una conclusión absurda la proposición negada al comienzo queda verificada.
No se sabe si ese método tiene validez en el mundo del Derecho, pero si así lo fuera muchos de los acusados en el ‘caso Malaya’ estarían perdidos.
Por ejemplo, Carlos Sánchez y Andrés Liétor, dos de los empresarios a quienes la investigación señala como más cercanos a Roca, aseguraron sin sonrojarse ante el tribunal: «El Ayuntamiento de Marbella no solo no salía perjudicado de los convenios urbanísticos, sino que se lucraba con ellos». Según el razonamiento lógico que sigue a esta afirmación, y teniendo en cuenta que desde el despacho de Roca se pergeñaron cientos de convenios, no estaríamos ante un ayuntamiento que tras su disolución necesitó de un crédito de 100 millones de euros para seguir funcionando y que ha heredado una deuda de más de 300 millones de euros, sino ante el más saneado de España.
«Nunca cogí dinero de Roca, pero confesé lo contrario porque me sentí acosado por el juez». Los exconcejales que en su día admitieron ante el instructor sus comportamientos corruptos han dicho ahora ante el tribunal que lo hicieron por presiones y para evitar la cárcel. ¿Estará obligado el juez Torres a demostrar que no es un torturador para desmontar este argumento o bastará con que se le aplique la presunción de decencia?
«Yo solo me limitaba a aprobar lo que ordenaba Gil y lo que decían los técnicos». Argumento favorito de Julián Muñoz y al que se han apuntado casi todos los exconcejales. El último, Tomás Reñones. Ya se sabe. Los concejales mejor pagados  de España no tenían en aquella época ninguna responsabilidad en lo que firmaban. Las listas del GIL las integraban menores de edad.
«La moción de censura contra Julián Muñoz se puso en marcha porque Gil quería devolver la legalidad al Ayuntamiento». Esta es la mejor de todas. No presenta aquella operación política como la versión cañí de la pelea entre Albert Anastasia y Carlo Gambino, sino como una iniciativa altruista encabezada por la persona que en el argumento anterior les ordenaba incumplir la legalidad.
Demasiados absurdos para que se los tome en cuenta. Su suerte es que el Derecho no es Matemáticas.