Cinco años después de llegar al gobierno municipal, Ángeles Muñoz puede presumir de haber encontrado la solución para el mayor problema heredado de los gobiernos de la era GIL. Más que el desastre urbanístico, más que un ayuntamiento con una plantilla desproporcionada y engordada a golpe de enchufe, más que el desprestigio causado después de que gran parte de la conciencia colectiva de este país asociara, no sin motivos, el nombre de la ciudad a todo lo que tuviera que ver con lo hortera y lo corrupto, más que todo eso, el peor problema  legado por los saqueadores a la ciudad era la inviabilidad económica del Ayuntamiento.
Quizás sea oportuno recordarlo. Cuando se disolvió la corporación municipal, hace seis años, no había dinero para que la institución siguiera funcionando, y durante los 14 meses de la gestora lo hizo gracias a un crédito de la Junta de Andalucía de 100 millones de euros. Ello permitió que se pagaran las nóminas y que los camiones de basura salieran puntualmente todas las noches, pero agravó a largo plazo una situación financiera terminal.
Cuando ahora se ve lo que está pasando en ayuntamientos como el de Jerez, donde casi la mitad de los funcionarios tendrán que irse a la calle, o el de La Línea, con sus empleados sin cobrar una nómina durante ocho meses, cabe preguntarse si en estos años, pagando intereses de una deuda con el Estado de 267 millones de euros y sin retrasos en los sueldos, lo que ha habido es una meritoria gestión de las cuentas municipales o un milagro financiero.
El Gobierno presentó esta semana en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2012 que, de acuerdo a la situación económica que vive el país, anuncian tiempos difíciles. Los recortes serán generalizados, tocan a todas las carteras y a todos los sectores. Por citar solo lo que más afecta a esta ciudad, no habrá dinero para saneamiento, ni para playas, ni para promoción turística, aunque la lista de recortes es tan amplia que excede el ámbito de esta columna.
En medio de estos presupuestos dramáticos –que solo parecen perseguir el objetivo del déficit aún a costa de cualquier otro objetivo y que no les gusta ni siquiera a quienes los hicieron pero mucho menos a quienes los sufrirán– Marbella aparece como la gran triunfadora. Donde la mayoría ve una perspectiva de zozobra, la ciudad se ha encontrado con un salvavidas.
No por la partida para prolongar el Cercanías –la experiencia aconseja ser cauto, ya son muchos años de brindis al sol con este asunto–, ni tampoco por los 17,5 millones para concluir el soterramiento –nadie en su sano juicio hubiese apostado porque una obra ejecutada a más del 90 por ciento no se rematase o quedara sin pagar–, sino por el acuerdo incluido en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos que permite aplazar 40 años la deuda millonaria con Hacienda y la Seguridad Social.
Doble victoria
La gestión que la alcaldesa ha venido realizando con los miembros del Gobierno, aun antes de que  fueran Gobierno, ha conseguido una doble victoria. Primero, la propia ampliación del plazo a cuatro décadas, lo que da al Ayuntamiento un margen financiero que ni los más optimistas podían prever. La deuda se irá saldando mediante descuento de las transferencias de la participación de la ciudad en los ingresos del Estado con un interés del uno por ciento, cinco veces menos de lo que se venía pagando hasta ahora.
La segunda parte del acuerdo es la más importante y seguramente hará innecesario el apartado anterior. Que el Estado acepte en pago los derechos a indemnizaciones que Marbella vaya obteniendo a en sentencias firmes dictadas por los tribunales es lo que realmente da a la ciudad una perspectiva cierta de respiro financiero. Porque frente a esa deuda de 267 millones de euros, la ciudad ya ha conseguido que se le reconozca en los tribunales, en 18 sentencias ya firmes, el derecho a cobrar 47 millones de euros. Y hay otros 217 millones correspondientes a una treintena de condenas sobre las que aún cabe recurso, pero que si todo transcurre como cabe esperar serán firmes en un tiempo, por lo que podrán sumarse a la cantidad anterior. Entre estas últimas se encuentran la del ‘caso Minutas’ y otras dos del Tribunal de Cuentas contra Julián Muñoz y contra los herederos de Jesús Gil, respectivamente.
Y aquí es donde se llega a un aspecto no reflejado explícitamente en la Ley de Acompañamiento, seguramente alejado de las preocupaciones, al menos prioritarias, de la negociación entre el gobierno municipal y Hacienda, pero que puede suponer una reparación suplementaria para la ciudad.
Marbella sufrió una doble estafa. Primero cuando fue saqueada, después cuando muchos de los saqueadores se declararon insolventes una vez condenados. De hecho, la ciudad solo ha podido recuperar poco más de un millón de euros, de los que 800.000 fueron gracias a un acuerdo judicial con Juan Antonio Roca.
Ahora, al traspasarse los derechos de cobro de las indemnizaciones de la ciudad al Estado, el acreedor de los condenados deja de ser el Ayuntamiento y pasa a ser Hacienda. Y a nadie se le escapa que no es lo mismo tener una deuda con Hacienda, con un ejército de inspectores y con todos los medios a su disposición, que  tenerla con el Ayuntamiento de Marbella.  Es posible, y deseable, que muchos de los insolventes dejen de serlo si Hacienda pone empeño en ello. No hay, en este caso, amnistía fiscal en el horizonte.
Argumento histórico
Habrá quien pueda argumentar que con esta solución para  la deuda municipal ha habido un trato de favor hacia Marbella del que no han disfrutado otros municipios en situación similar. A no dudarlo: al Gobierno comenzarán a caerle en cascada los reclamos para acogerse a soluciones similares por parte de otros ayuntamientos que esgrimirán el argumento del agravio comparativo.
Pero es que en favor de Marbella existe un argumento histórico exclusivo de peso: se trata de la única ciudad cuyo ayuntamiento fue disuelto. El Estado adoptó en su día, con media corporación tras las rejas, una solución política excepcional para dar respuesta a una situación insostenible. Ahora, también desde la política y por parte de un gobierno de signo diferente, ha adoptado una solución económica también excepcional ante una situación igual de insostenible. Y sino, a ver qué ciudad puede aportar sentencias judiciales en su favor con indemnizaciones por más de 217 millones de euros.
Argumento, que por cierto, también desmonta, aunque demasiado tarde, la justificación política, que no moral, que encontraban en su día no pocos votantes del GIL. ‘Todos roban, pero estos roban y hacen’. Hoy ya sabemos que aquello era una gran mentira. Nadie robó tanto como ellos. Ahora está más cerca la hora de que tengan que devolverlo. Será Hacienda quien se los reclame.
Sabrá disculpar el lector este exceso de optimismo.