Basta con echar un ojo sobre los datos que se han conocido acerca de la lista de afectados por el Expediente de Regulación de Empleo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Estepona para atisbar el enorme drama humano que supondrán las consecuencias de esa decisión. Casi el sesenta por ciento de los incluidos en la lista de futuros despidos son personas mayores de 40 años, y casi el 20 por ciento superan los 54 años. Todos ellos, y con mayor seguridad estos últimos, tendrán muy difícil reincoporarse al mercado de trabajo por mucha buena voluntad que se ponga en la articulación de las medidas de protección y de formación previstas en la normativa en la que se ampara la puesta en marcha del ERE. Su horizonte en esta situación económica no ofrece argumentos para el optimismo, y por eso es exigible al Ayuntamiento de Estepona, y también al conjunto de la sociedad, una actitud hacia los afectados alejada de la indiferencia que pueda aumentar la sensación de desamparo que obviamente los invadirá.
No se trata por eso de restar un ápice de gravedad a la situación en la que se encuentran quienes se quedarán sin trabajo cuando se acaba de consumar el expediente comunicado este semana a la autoridad laboral. Pero sí es necesario repasar cuáles fueron las concepciones de la política y del manejo del dinero público que llevaron a un ayuntamiento como el de Estepona a tener que dedicar un 94 por ciento de su presupuesto al pago de nóminas y a contar con una plantilla tan sobredimensionada que lleva a la convicción de que si el expediente no se hubiese hecho en función de cuadrar con lo imprescindible las cuentas municipales, sino a partir de las reales necesidades de la ciudad y su administración local, posiblemente hoy estaríamos hablando de un drama humano de unas dimensiones aún mayores.
Es fácil caer en la tentación de creer que si el pinchazo de la burbuja inmobiliaria no hubiese desplomado los ingresos municipales no nos encontraríamos ahora ante ayuntamientos que como el de Estepona tienen que dejar a trabajadores en la calle o que como el de Marbella ponen sobre la mesa una drástica reducción salarial para no tener que afrontar una situación similar. Pero no es la burbuja lo que explica por qué hemos llegado hasta aquí. Ni explica tampoco por qué hay un ejército de personas que llevan años en la nómina de ayuntamientos o empresas municipales que creyeron que buscar un trabajo no sería nunca más uno de sus problemas y que ahora se ven en una situación en la que jamás se hubiesen imaginado.
Harían mal no ya estas personas sino cualquiera de quienes miran la situación con lógica preocupación y empatía con los afectados en pedirle explicaciones a la burbuja, porque la burbuja puede explicar por qué los ayuntamientos dispararon sus ingresos durante algunos años, pero no explica por qué en Estepona había colegios que multiplicaban por cuatro el número de conserjes, por qué se pusieron en marcha guarderías en las que se contrató a cuidadoras sin titulación, por qué había ginecólogos o podólogos en la nómina municipal, ni mucho menos por qué el número de personas que se colocarían en el Ayuntamiento formó parte de todas y cada una de las negociaciones políticas para alcanzar acuerdos de gobierno cada vez que las urnas no dieron una mayoría absoluta.
La burbuja tampoco explica por qué un ayuntamiento como el de Marbella, que durante los años del GIL multiplicó en un 450 por ciento el número de personas que cobraban del presupuesto municipal, no fue capaz con la llegada de la gestora de enmendar esa situación y tampoco tuvo la decisión tras las elecciones municipales de 2007 de acabar con la inercia del clientelismo.
La burbuja no explica por qué los candidatos a la Alcaldía encuentran más importante garantizar la estabilidad de puestos de trabajo improductivos y a los que se accedió por enchufe que poner al Ayuntamiento al servicio de la ciudad, de sus vecinos y de su economía.
La burbuja no explica la locura derrochadora de unas televisiones locales al servicio de la propaganda política y alejadas de cualquier idea de servicio público; ni las áreas municipales con concejal, coordinador, gerente y jefe, muchos de ellos con sueldo de ministro o superior; ni las recompensas en forma de cargo en la estructura municipal al entusiasmo mostrado en campañas electorales o a la sumisión servil en la asociación de vecinos de turno.
La burbuja no explica la negativa sistemática a informar con luz y taquígrafos acerca de a quién, por cuánto y para qué se contrata en los ayuntamientos .
La burbuja no explica las empresas públicas autonómicas, municipales o supramunicipales con directivos hiperremunerados y utizadas como agencias de colocación de afines, de propaganda al margen de cualquier criterio objetivo ni control democrático, de instrumento para maniobrar internamente en los partidos o de vehículo para encumbrar a líderes con más aspiraciones que miramientos.
La burbuja tampoco explica por qué personas con toda su vida laboral por delante y en una época en la que este país vivía una expansión económica sin precedentes prefirieron convertirse en rehenes de ocho a tres de políticos sin escrúpulos en lugar de salir al mundo y lanzarse a la apasionante aventura de buscarse la vida.
La burbuja no explica nada de eso, porque la explicación tenemos que encontrarla en una idea, un concepto, una consideración del dinero público y del respeto a los contribuyentes que no quisimos aprender por las buenas y que las circunstancias nos están obigando, y nos seguirán obligando en el futuro –no seamos tan irresponsables como para esperar algo diferente– a aprenderla con dolor y sufrimiento.