Con el incendio que calcinó más de ocho mil hectáreas en la Costa del Sol y que seguramente habrá costado un buen puñado de millones de euros apagar hemos constatado que lo que ahorramos en no limpiar el monte o en quitar puestos de vigilancia nos lo podemos gastar con creces por otro lado, del mismo modo que retirar la asistencia médica a quien puede contagiarnos a nosotros o a nuestros hijos, más allá de las consideraciones humanitarias, resulta una estupidez desde el estricto punto de vista de las cuentas de la sanidad.
En esta carrera de política creativa sobre dónde meter la tijera hay hasta quien ha propuesto comenzar a cobrar las mamografías, seguramente sin tener en cuenta que las tarifas disuasorias pueden invitar a relajar controles, perder gran parte del terreno ganado en prevención y, como los incendios, acabar gastando más al intentar solucionar los problemas cuando ya es tarde.
Como se ve, la competencia de ocurrencias tijera en mano está reñida, pero de momento la palma se la llevan Cospedal y su propuesta de quitarle el sueldo a los parlamentarios autonómicos de su comunidad, una iniciativa que cobijada en el desprestigio ganado a pulso por los políticos ha conseguido el favor del público. Que la medida se le ocurriera a una persona que llegó a acumular tres sueldos –todos ellos sufragados con dinero público–, siendo lo más paradojico no es lo más relevante.
Sí lo es el cambio de modelo que propone. En el improbable caso de que su ocurrencia prospere, solamente dos tipos de personas podrían dedicarse a las tareas legislativas: los ricos y los patrocinados. Ni con unos ni con otros los intereses de la mayoría tendrían posibilidad alguna de estar representados.
Es verdad que hay políticos que no se ganan el dinero que cobran, y que el sistema representantivo monopolizado por estructuras partidarias burocratizadas se ha hecho merecedor de un serio meneo que permita la entrada de aire fresco y que impida el enquistamiento de personajes que no saben hacer otra cosa diferente a levantar la mano cuando se lo ordenan. Pero no es menos cierto que los ciudadanos no han hecho las cosas tan mal como para condenarlos a quedar excluidos ya para siempre del sistema político.