No es la primera vez que sucede en un país que sufre una crisis galopante, pero hasta ahora no había habido noticias de que fueran las instituciones las que apelaran a un recurso que nos retrotrae a la prehistoria de la economía. A falta de billetes hemos vuelto al trueque. No es algo que merezca reproche, ni tampoco aplausos. No está ni bien ni mal. Simplemente es una descripción. Un retrato del tiempo que toca vivir.
El Ayuntamiento de Marbella anunció la semana pasada que entregaría 13 inmuebles a la Junta de Andalucía para abonar los plazos a los que tiene que hacer frente por el anticipo de 100 millones de euros que el Gobierno andaluz concedió para evitar la quiebra municipal tras la disolución de la corporación en abril de 2006.
Por fortuna para el Ayuntamiento, el acuerdo que contemplaba la posibilidad del pago en especie se firmó cuando tener locales vacíos en el centro de Marbella no era un lastre, sino todo lo contrario.
Pero últimamente las subastas celebradas tanto por la Junta con inmuebles cedidos por la administración municipal como por el propio Ayuntamiento para hacer caja con locales han quedado desiertos. Cuando se pretende salir del trueque la crisis se muestra descarnada.
Y aunque no pueda hablarse de trueque, en esto de ir tapando agujeros sin soltar unos billetes que no están, y que seguirán ausentes hasta que alguien en Berlín autorice a darle a la manivela, el Ayuntamiento de Marbella ha recibido un respaldo en los juzgados.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado un recurso de la Junta contra la decisión del Ayuntamiento de Marbella de compensar con deuda impagada los plazos del crédito. En marzo de este año, la comisión de gobierno municipal decidió compensar los plazos con la deuda de nueve millones de euros que la Junta mantiene con el Consistorio por varios retrasos en impuestos municipales, entre ellos el IBI del Hospital Costa del Sol. La Junta recurrió contra esa decisión, y el TSJA, con argumentos que no entran a valorar el fondo de la controversia, ha rechazado el recurso.
Y ello sucede una semana después de que el Ayuntamiento alcanzara un acuerdo con Juan Antonio Roca para pagar también en especie, con solares y edificios, la millonaria indemnización impuesta a favor de la ciudad de Marbella en la sentencia del ‘caso Saqueo’.
El trato favorece a los dos. A Roca, porque al cumplir con el pago al que le obliga la sentencia ya está en condiciones de acceder a beneficios penitenciarios. Al Ayuntamiento, porque a falta de dinero al menos ha podido acceder a unos bienes. El problema es que ante las necesidades de tesorería del Ayuntamiento lo que aporta el acuerdo todavía es una incógnita.
En junio de este año, el Ayuntamiento de Marbella y el Gobierno alcanzaron un acuerdo sobre el pago de la abultada deuda municipal con la Seguridad Social y Hacienda (cerca de 300 millones de euros) que además de alargar el plazo de amortización a 40 años y reducir el tipo de interés al 1 por ciento vinculaba los bienes que el Ayuntamiento recuperara en procesos judiciales a la reducción del montante global de la deuda.
Pero el acuerdo entre el Ayuntamiento de Marbella y el Gobierno tiene todavía algunos flecos que no han sido despejados, y que han impedido que el acuerdo, reflejado en la ley de acompañamiento a los presupuestos, haya sido rubricado.
Uno de ellos es quién se hará cargo de subastar los bienes. Hasta ahora éste era un problema menor, ya que no había bienes por subastar, pero ahora, con el acuerdo con Roca se trata de un asunto a resolver. Y cuanto antes, porque mientras el capital de la deuda no disminuya, los intereses acumulados serán mayores.
Otro problema radica en la valoración de los inmuebles. Una cuestión es cómo han sido tasadas las propiedades de Roca a la hora de considerar que en conjunto valían 30 millones de euros (correspondientes a la sentencia del ‘caso Saqueo’, sus intereses y tres sentencias del Tribunal de Cuentas) y otra es que finalmente, a la hora de que sean subastados -corra la subasta a cargo del Estado o del Ayuntamiento- se encuentren compradores dispuestos a desembolsar esas cantidades. Con la experiencia apuntada más arriba solo los más optimistas están en condiciones de asegurar que los 30 millones teóricos se traducirán en 30 millones reales.
En medio de estas tristes expresiones de los nuevos tiempos, el juicio por el caso de blanqueo que sienta en el banquillo a Julián Muñoz e Isabel Pantoja nos retrotrae a los años de los polvos que trajeron estos lodos. El exalcalde no tiene cómo justificar los ingresos conseguidos desde el poder municipal y sostiene que era Gil quien le daba sobres para recompensar su esfuerzo en el Ayuntamiento. Al parecer, a Muñoz nunca le pareció extraño ni sospechoso que su remuneración se disparara arbitrariamente según el mes, ni mucho menos se preguntó de dónde salía ese dinero.
A estas alturas hasta quedaría en mejor lugar si reconociera sobornos.