Si se tienen en cuenta los antecedentes se trata de algo más que una declaración de intenciones. Es un anuncio en toda regla. Las cuentas no le salen, y el Ayuntamiento de Marbella ha reclamado a la Junta de Andalucía un cambio en las condiciones de devolución del anticipo reintegrable de 100 millones de euros que recibió en 2006 como única alternativa a ejecutar recortes en el capítulo de personal. Traducido: habrá recortes en el capítulo de personal.
Ha sido una constante desde 2007. La Junta de Andalucía ha ocupado en el discurso del equipo de gobierno municipal el centro del escenario en el papel de villano. La terrible herencia urbanística, la falta de inversiones en sanidad y educación, las obras sin iniciar, el retraso en las iniciadas, la mala imagen de la ciudad, la falta de fondos, todo se ha explicado con un argumento único: la maldad intrínseca de ese villano omnipresente llamado Junta de Andalucía. Sin responsabilidades históricas y sobre todo sin corresponsabilidad, ni siquiera cuando había por medio una cuestión de permisos municipales o de cesión de parcelas, Sevilla ha sido la Roma a la que han conducido todos los caminos de las frustraciones vernáculas. Muchas veces con razón, pero no siempre.
Es verdad que el Gobierno andaluz, con sus incumplimientos y su desentendimiento sobre la suerte de la ciudad –solo las inversiones en el apartado turístico y el recién inaugurado Parque de los Tres Jardines pueden matizar un balance desolador, especialmente en Salud y Educación– ha hecho muy poco para desacreditar el argumento del malo universal. La Junta tiene una reputación pésima en la ciudad y ello parece no inquietar en lo más mínimo a sus responsables políticos. Pero ello no quita que el discurso simplón que explica todos los males de Marbella en una única dirección sea de una pobreza argumental que difícilmente contribuye a que se tenga en mejor consideración a la desprestigiada actividad política.
Acostumbrados como estamos al argumento único, ni asombra ni sorprende que a estas alturas desde el equipo de gobierno municipal se ponga el foco en la administración autonómica a la hora de intentar explicar una cuestión de calado tan interno como son las cuentas del Ayuntamiento y las decisiones que se tomarán, ahora ya lo sabemos, para intentar cuadrar unos presupuestos que es imprescindible convertir en viables.
El director de Personal, Carlos Rubio, advirtió el pasado miércoles que solo un cambio en las condiciones de devolución de la deuda de los 100 millones –la ampliación del plazo de amortización de 10 a 40 años– puede evitar que se tomen medidas que afecten al personal municipal. El Ayuntamiento quiere un acuerdo similar al que ya ha alcanzado con el Gobierno central en relación a su deuda con Hacienda y la Seguridad Social, acuerdo que, por cierto, aún no se ha plasmado con la firma en un documento. Tiene legitimidad para hacerlo, sobre todo porque nadie en su sano juicio puede creer que las cuentas municipales den para saldar la deuda en diciembre de 2017, tal y como ahora está previsto. Pero como la Junta ya se ha negado en varias ocasiones no cabe esperar que la respuesta vaya a ser diferente ahora, aunque el Ayuntamiento ponga por medio los derechos adquiridos de sus trabajadores.
Tras la disolución de la corporación municipal y la toma de posesión de la gestora, el asunto del disparado coste de personal del Ayuntamiento estuvo en el centro de la diana, pero ni la propia gestora, ni el gobierno de Ángeles Muñoz en sus primeros meses se decidieron a mojarse en ese charco, pese a que entonces los arbitrarios métodos del GIL a la hora de contratar y el momento expansivo que vivía la economía otorgaban a los gestores municipales autoridad moral por un lado y la certeza de que los afectados no se encontrarían con un erial, argumentos sólidos para realizar los recortes que la operatividad municipal demandaba. Para ser justos, debe decirse que desde ninguna formación de la oposición municipal se hizo jamás el más mínimo gesto de responsabilidad institucional en este asunto, sino todo lo contrario.
Ahora el equipo de gobierno se ve abocado a meter la tijera y tiene a mano instrumentos legales con los que no contaba años atrás, pero si hay despidos los afectados serán enviados a un desierto laboral, y si hay recortes éstos llegarán sobre salarios y derechos ya recortados y vueltos a recortar. Y el tiempo político de corregir la inmoralidad del GIL ya ha pasado. Sus 15 años de arbitrariedad en las contrataciones han sido convalidados por siete años de discurso legitimizador. Ya es tarde para hablar de enchufes.
Y como aquel tiempo ha pasado, la decisión será dolorosa, con graves consecuencias sociales y posiblemente con elevado coste político. Por ello era esperable que se recurriera al malo de la película al menos para que los propios contaran con una línea argumental que permitiera intentar repartir los costes y atenuar las previsibles consecuencias de una decisión seguramente improrrogable.
Pero nada de ello oculta que estamos ante una decisión interna. Y que la pretensión de involucrar a otras administraciones no puede desviar la atención sobre un problema que deberá resolverse puertas adentro en el Ayuntamiento. La Junta es responsable de la impresentable paralización del hospital, de la falta de colegios, de los institutos que no cubren bajas de profesores, de la masificación de los centros de salud, de los retrasos en los pagos que colocan en jaque a las guarderías concertadas, de la tomadura de pelo durante doce años a cuenta del tren litoral, del reciente vaciamiento de las oficinas de empleo. Pero no de que el capítulo de personal consuma todo el presupuesto del Ayuntamiento. La única forma en que pueden entenderse las decisiones dolorosas es con transparencia y explicando con claridad las consecuencias de no asumirlas. No disparando sobre quien, por una vez, no tiene vela en este entierro.