Pese a que los seguidores de Goebbels puedan opinar lo contrario, una mentira repetida muchas veces no se convierte en verdad. Desde que los gobiernos autonómicos de Madrid y Valencia vieron en la crisis una oportunidad para iniciar un proceso de privatización de la sanidad en sus comunidades, ha sonado en diferentes foros la cantinela de que eso no es nada nuevo, y que en Andalucía también existe la gestión privada de hospitales públicos. Se leen a columnistas –todos partidarios de la privatización–, se escucha a tertulianos en radio y televisión, se repite hasta el cansancio en las redes sociales. Una y otra vez. Machaconamente. Que entre el capital privado a gestionar la sanidad pública –y a obtener un beneficio mercantil– no es para armar tanto jaleo. En Andalucía, dicen, hay hospitales públicos gestionados por empresas privadas y el de Marbella es uno de ellos.
Se repite, se escucha y se lee una y otra vez y hay quien acaba por creérselo. No se trata de preguntarse si la forma en que se gestiona el Hospital Costa del Sol es buena, regular o mala o de si se podría hacer mejor, sino de cuestionarse acerca de si es presentable que este debate sobrevenido pero trascendental para el futuro de esta sociedad se plantee sobre premisas falsas. Hay quien se niega a creer que una afirmación tantas veces repetida en medios de comunicación y redes sociales, incluso por personas de reconocido prestigio, pueda ser falsa, pero resulta que sí lo es. El Hospital Costa del Sol es público, y la agencia que la gestiona, también.
Que esa empresa tenga personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión no supone que haya participación de capital privado, lo que diferencia este modelo del que se está planteando en las comunidades desde donde llega el debate. De hecho, el régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad y de control se rige por la ley general de Hacienda Pública, sus cargos son nombrados por el gobierno autonómico; sus presupuestos, aprobados por el Parlamento, y sus contrataciones deben regirse por la ley de contratos de las Administraciones Públicas. Las agencias sanitarias se crearon en su día –la más antigua, con 20 años, es la del Costa del Sol– para ganar en eficacia y calidad, y si este objetivo se ha cumplido o no es otro debate. Pero su naturaleza no es materia opinable.
La crisis y su repercusión en las cuentas públicas han abierto la puerta a los defensores de la privatización de los servicios básicos, presentada eufemísticamente bajo el nombre de ‘externalización’.
Puede parecer mejor o peor, más o menos apropiado a las circunstancias actuales, más o menos viable para el futuro que nos espera. Habrá quien piense que el modelo como está funciona razonablemente bien y quien crea lo contrario. Habrá quien plantee que no debe haber sectores vedados al libre negocio y quien sostenga que la única rentabilidad en la sanidad debe ser social. Incluso habrá quien crea que la sanidad pública, tal como la conocemos, no es sostenible y que la gestión privada es sinónimo de eficacia. Todas las posturas son legítimas. Pero cuando se plantea un debate de este calado, que aspira a cambiar el modelo de los servicios sociales básicos, lo menos que la opinión pública debe exigir es que se haga desde la honestidad intelectual.
Nadie sabe si todo comenzó como una digestión errónea de los datos verdaderos, si el hecho de que el hospital no sea directamente gestionado por el SAS indujo a la confusión o si se lanzó una mentira a sabiendas para no afrontar el debate con sinceridad, pero en algunos ámbitos se ha instalado el mito urbano de que el hospital de Marbella es de gestión privada.
Posiblemente sea oportuno preguntarse qué clase de iniciativas necesitan de una defensa sustentada en una mentira tan flagrante.