La alcaldesa de Marbella viajó la pasada semana a la sede de la Consejería de Economía en Sevilla en busca de un compromiso financiero para 40 años y regresó con un acuerdo que le permitirá respirar durante uno. Peor es nada.
La decisión de la consejera Carmen Martínez Aguayo de admitir que el Ayuntamiento pague solo tres de los 12,2 millones de euros correspondientes al vencimiento de este año por el anticipo de 100 millones recibidos en 2006 supone ciertamente una bocanada de oxígeno que llega sobre la hora antes de la aprobación de un plan de ajuste que iba a suponer la adopción de medidas dolorosas en el capítulo de Personal del Ayuntamiento. Sin embargo, ello no permite olvidar que se trata de una medida de emergencia que ayuda a salir del paso, pero no a afrontar las medidas de fondo que necesita el Ayuntamiento de Marbella. Tan solo permite aplazarlas.
La decisión de la Junta ha dado lugar a la eliminación de la propuesta de reducir los salarios de los trabajadores municipales en un 7 por ciento, al menos hasta diciembre. Entonces habrá que retomar la discusión. Alguien podría decir, no sin razón, que esto es pan para hoy y hambre para mañana, pero a quien se encuentra al borde de la inanición, el pan de hoy le sabe a gloria. Ya habrá tiempo para preocuparse de qué llevarse a la boca mañana.
Después de que a la hora de ajustar sus cuentas el Ayuntamiento señalara a la Junta de Andalucía para hacerla responsable de los recortes que se adoptaran en el capítulo de Personal, no era fácil sospechar que el Gobierno andaluz recogiera el guante; se esperaba más bien que mirara para otro lado, como suele hacer con muchos de los asuntos que afectan a esta ciudad. Pero lo que se encontraron la alcaldesa y su equipo fue una respuesta a su medida. La consejera de Hacienda dio un año de tregua y señaló hacia dónde habría que mirar para buscar una respuesta definitiva: la Junta solo refinanciará la deuda completa si hay un compromiso del Gobierno central en relación con todos los ayuntamientos andaluces en dificultades. No sería extraño que ahora el Gobierno apuntara a Bruselas o a Berlín. En momentos de dificultades, el juego político parece consistir en impulsar el balón hacia arriba.
Uno de los argumentos que más le gusta esgrimir a la alcaldesa a la hora de reclamar un tratamiento especial para Marbella es el elemento diferencial de la historia reciente: ninguna otra corporación de España fue disuelta tras ser saqueada sistemáticamente durante quince años. Pero la Junta no ha entrado por ahí y recuerda que los ayuntamientos en dificultades son todos, algunos con menos personal contratado que el de Marbella, independientemente de las circunstancias que los pusieron en esa situación. Sobre todo ahora que sabemos que el latrocinio de las cuentas públicas no ha sido en los años recientes patrimonio exclusivo ni del gilismo ni de Marbella.
La Junta tampoco ha querido entrar en el otro argumento central para el equipo de gobierno del PP: que los 100 millones prestados por el Gobierno andaluz para que la gestora tuviera con qué hacer su trabajo provenían del cálculo de las inversiones que se dejaron de hacer durante la etapa del GIL. No ha habido debate sobre de quién es la responsabilidad de esa parálisis inversora. Hubiese sido interesante.
Así, la reunión entre la alcaldesa de Marbella y la consejera de Economía ha dado para un balón de oxígeno de un año, pero no para una solución de fondo que, a la vista del condicionante puesto por la Junta -ayuda estatal para todos los municipios andaluces-, se antoja difícil.
Ángeles Muñoz ya sabe que este año no tendrá que reducir salarios ni realizar despidos. Pero también que la carga financiera, y con ello la perspectiva de ahogo para los próximos ejercicios, ha aumentado. Mucho debería cambiar el paisaje económico a corto plazo para que la recaudación de los tributos municipales permitiera al Ayuntamiento afrontar con garantías y sin recortes los próximos años.
Seguramente a los miembros del equipo de gobierno municipal no se les escapa que al postergar las medidas que tenían previstas en base a un gesto temporal de la Junta le han dado al Gobierno andaluz la llave que puede abrir o cerrar la conflictividad social en Marbella. Y con ello el manejo del calendario político en el futuro cercano.