Seguramente es excesivo elevar el episodio a la altura de metáfora, pero sí vale como ejemplo de cómo quienes deberían estar para aportar soluciones a los problemas y defender los intereses comunes a veces pierden el norte hasta el punto de no recordar a quién tienen que servir.
La ampliación del Hospital Costa del Sol lleva dos años paralizada porque a la empresa a la que le habían sido concedidas las obras le falló la financiación. Era una concesión pública para ampliar una infraestructura hospitalaria pública en el territorio cuyo gobierno autonómico presume de adalid de defensa de lo público y ahora también, de transparencia, pero la operación solo salió a la luz cuando se convirtió en un fiasco.
Consistía en cerrar a los usuarios del hospital, al que la abrumadora mayoría llega en transporte privado (porque las alternativas son casi inviables) toda posibilidad de aparcar en superficie y obligarlos a utilizar un aparcamiento subterráneo cuya gestión se concedió a la empresa encargadas de las obras. Con el cobro de unos precios abusivos garantizados por 40 años se financiaría la ampliación del hospital. Una ampliación, debe decirse, imprescindible para mantener y ampliar la cartera de servicios sanitarios en un área, entre Fuengirola y Casares, con más de 400.000 personas de población fija que se multiplica varias veces en los meses de verano.
Pero la falta de colaboración municipal al principio y la resistencia ciudadana a la utilización obligatoria del parking dio al traste con el cálculo de financiación de las obras. Los usuarios prefirieron dejar el coche a largas distancias del centro o simplemente arriesgarse a una multa antes de participar en esa chusca fórmula de copago sanitario encubierto. Sin explicaciones, sin atisbo alguno de transparencia, las máquinas dejaron de funcionar y ya no se vieron obreros en la zona. Al principio se dijo que se estaban realizando obras en el interior, pero al poco tiempo la mentira quedó al descubierto.
Los usuarios se quedaron sin apenas sitio para aparcar en superficie y sin nuevo hospital (que debería haber abierto en octubre del año 2011). La concesionaria, sin financiación para seguir con las obras y con un aparcamiento subterráneo que casi siempre tiene todas sus plazas vacías. Y la Consejería de Salud, con una demanda por lucro cesante interpuesta por la empresa.
Así estábamos cuando uno de los 17.225 parados que hay en la ciudad vio la oportunidad de algo a lo que sería excesivo llamar negocio y más apropiado, medio de subsistencia. Habló con responsables municipales para que le permitieran utilizar una parcela cercana, con sus precarios medios la acondicionó y comenzó a ejercer como gorrilla. El parado vio un alivio ante su situación personal, y los usuarios, el cielo del hospital abierto para sus coches. Adiós a las largas caminatas o a dejarse en el parking un dinero fuera de todo presupuesto.
Pero ya se sabe que donde alguien encuentra una solución siempre puede haber un burócrata que visualice un problema. Bastó que la noticia apareciera en el periódico para que el gerente del Hospital enviara un mensaje al Ayuntamiento en forma de fax –no digamos en tono amenazante pero sí de advertencia severa–, en el que ponía el grito en el cielo, advertía de la falta de adecuación urbanística de la parcela con el uso que se le estaba dando, denunciaba la inverosímil rotura de unas arquetas, preguntaba qué precio público se había fijado para el uso del aparcamiento improvisado y de paso defendía los intereses económicos no del hospital, no de los usuarios del hospital, ni siquiera de la administración autonómica, sino de la empresa concesionaria que tiene paralizada la ampliación del centro sanitario porque no le salen las cuentas.
Ante la advertencia, el Ayuntamiento reculó, retiró un permiso que nunca había dado por escrito pero sí verbalmente a través de un concejal y comunicó al aparcacoches que debía salir de allí y volver al paro.
Es evidente que el problema del desempleo en Marbella no se soluciona entregándole una parcela a cada hombre o mujer sin trabajo para que ejerza de aparcacoches. Ni hay tantos vehículos en circulación ni tampoco sería posible disponer de tanto suelo, ni siquiera comprometiendo a Judah Binstock en el empeño. Pero también resulta evidente que donde alguien había encontrado una solución tuvieron que aparecer los poderes públicos para convertirlo en problema.
Resulta sintomático que el fax haya sido enviado al Ayuntamiento en la misma mañana en que la noticia apareció publicada en el periódico, pese a que el aparcacoches llevaba varios días utilizando la parcela. No se sabe si porque el gerente del hospital pasa más tiempo en Andújar, donde se encuentra el otro centro sanitario que dirige y al que pertenece este curioso distrito con el que el SAS ha obsequiado a Marbella, o si es porque se encuentra dentro del numeroso colectivo de gestores públicos que consideran que los problemas solo son tales si toman estado público. La lástima es que en este caso con lo que terminó no era un problema, sino una solución. Individual y precaria, sí. Pero una solución.