Hay quien dice que la diferencia entre el Reino Unido y España en el conflicto de Gibraltar radica en que mientras que en aquel país no se encuentran fisuras cuando de defender lo que consideran suyo se trata, en éste cualquier asunto, Gibraltar incluido, es utilizado por la oposición para atizar al Gobierno, y por el Gobierno actual para atizar al Gobierno anterior.

Para otros, la diferencia sustancial estriba en que la posición británica es sencilla –solo se trata de conservar lo que tienen y avanzar mediante una política de hechos consumados y con todo el tiempo del mundo por delante–, mientras que la española es más compleja, porque los intereses de los pescadores son unos, los de quienes cruzan la verja cada día para trabajar son distintos, y los del sector turístico, que sigue teniendo a los ingleses como principal mercado, son a su vez diferentes. Por eso cuando se adopta una postura para beneficiar a un sector se corre el riesgo de perjudicar a otro.

Hay quien dice que la diferencia está en la posición de fuerza desde la que un diminuto territorio próspero observa a unos vecinos que sufren más de un 30 por ciento de desempleo, en la falta de complejos con que los británicos sacan a pasear a su flota cuando lo consideran necesario o en la ausencia de escrúpulos de quienes no tienen problemas en constituirse en paraíso fiscal, en tirar su mierda al mar o en disparar su prosperidad con chiringuitos para ludópatas on-line.

Es posible que todos estos elementos jueguen un papel determinante en el conflicto de Gibraltar, pero hay uno que es fundamental y que ha saltado a la vista desde que el Gobierno decidió diversificar la agenda política del verano para que no nos aburriéramos en agosto hablando solamente del ‘caso Bárcenas’, y es que los británicos saben lo que quieren y nosotros no.

Es verdad que de un país que modifica su modelo educativo con cada cambio de gobierno no se puede esperar que tenga una política de Estado en un tema que, como el de Gibraltar, es casi banal si se lo compara con el problema de la educación.

Londres siempre dice y hace lo mismo, mientras que aquí la política se dicta por impulsos y según las necesidades de cada momento. Un día se montan controles en la verja, otro se hace la vista gorda con el contrabando hormiga para darle un respiro a los parados de La Línea, otro se amenaza con cobrarle impuestos a los tramposos que viven en Sotogrande o en Marbella pero no tributan porque se declaran vecinos del Peñón. Pero es difícil que alguien tome en serio a un Estado que no controla siempre sus fronteras, que no combate siempre el contrabando o que no cobra siempre impuestos a quienes tienen la obligación de pagarlos. Y si no se consigue que lo tomen a uno en serio, frente a los herederos del almirante Nelson y del pirata Morgan no tenemos nada que hacer.