El cambio de actitud demostrado por el jeque Al-Thani en relación con el proyecto del puerto de La Bajadilla al cumplir con la mayoría de los requisitos que se le exigían, incluido el pago del canon, ha apaciguado las aguas en la relación entre la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y la sociedad concesionaria Nas Marbella, pero la tranquilidad todavía no es absoluta.

Superados los incumplimientos de trazo grueso por parte del jeque –el pago del canon, la constitución de la sociedad concesionaria, la creación de una estructura administrativa que gestione el puerto–, a la hora de entrar en detalles todavía quedan pinceladas importantes.

Días atrás, desde la APPA se remitió un escrito a la empresa concesionaria, ahora sí integrada por la sociedad del jeque y el Ayuntamiento de Marbella tras haberse formalizado la alianza entre ambos con la donación de acciones por parte de Al-Thani y la aceptación de las mismas por el Consistorio. En la nota se requería una serie de documentos con el objetivo de tomar una decisión sobre el expediente de rescate de la concesión abierto en su día y que de momento se encuentra suspendido, pero no archivado definitivamente. La APPA reclamaba: la certificación por parte del Registro Mercantil de que la sociedad está efectivamente constituida, los contratos del personal empleado para la gestión del puerto, el acuerdo por escrito con las empresas suministradoras de servicios en el recinto en relación a la deuda que se mantiene con las mismas y un documento que certificara que se ha contratado la redacción del proyecto constructivo.

Con todos estos documentos sobre la mesa, la APPA hubiese estado en disposición de archivar definitivamente el expediente de rescate de la concesión abierto en la pasada primavera cuando el jeque parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Sin embargo, la respuesta de la concesionaria solo satisfizo parcialmente a la agencia dependiente de la Consejería de Fomento. En los tres primeros apartados, el equipo del jeque envió lo requerido o, en algún caso, ofreció explicaciones que conformaron a los responsables de Puertos. Pero donde el proceso parece más atascado es en relación a la redacción del proyecto constructivo. La Junta quiere tener constancia de que el proyecto se está haciendo con personal adecuado, y ante la falta de respuesta a esta requisitoria, ha pedido al grupo del jeque que entregue un cronograma con los pasos que tiene previsto dar para cumplir con su compromiso de concluirlo antes de fin de año. Se trata de un plazo de difícil cumplimiento si no se ha comenzado ya.

Ante este pedido, el equipo de Al-Thani consideró que se estaba poniendo sobre la mesa una exigencia nueva, y solicitó una reunión a los responsables de la APPA para tratar este asunto. El encuentro aún no tiene fecha.

Las exigencias de la Junta, que reclama saber quiénes son los que están elaborando el proyecto constructivo –ya sean empleados del grupo o una consultora externa–, no ha tenido respuesta, por lo que entienden que Al-Thani no ha contratado de momento a un equipo técnico que pueda desarrollar ese trabajo, que requiere no solo de los conocimientos técnicos adecuados sino también de trabajos y prospecciones sobre el terreno para los que es necesaria una importante inversión económica.

En ese contexto, la APPA se enfrenta ahora a la decisión de qué hacer con el expediente, cuyo archivo definitivo ya ha sido exigido desde el Ayuntamiento de Marbella. Ninguna de las fuentes consultadas por este periódico prevé un escenario en el que el expediente se reactive, algo impensable después de que Al-Thani pagara de una sola vez el canon correspondiente a 2012 y 2013.

Pero no se trata de adoptar una postura radical, sino de situarse en alguno de los posibles matices de grises. Las opciones son el archivo definitivo o continuar con el actual escenario provisional. Y la balanza de momento se inclina más hacia esta alternativa, sobre todo porque hay quien piensa que fue la presión institucional la que hizo que Al-Thani abriera su cartera después de verle las orejas al lobo cuando la Junta demostró que iba en serio cuando hablaba de retirarle la concesión. Ahora se trata de no aflojar la presión para evitar que el proyecto vuelva a empantanarse.