Hay quien atribuye la incomprensible gestión de Alberto Ruiz Gallardón al frente del Ministerio de Justicia a un descarado intento por ganarse el respeto de los sectores de su partido que siempre lo han considerado demasiado moderado como para tenerlo en cuenta para una eventual candidatura a la Presidencia del Gobierno. Quienes sostienen este argumento le encuentran esa explicación al empeño del ministro en retrotraer 30 años la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo o en  arancelizar  la justicia, iniciativa que hurta a las personas de escasos recursos la posibilidad de acudir a los tribunales para defender sus derechos. Pero quienes se resisten a admitir que la gestión de un ministro pueda estar condicionada por las claves de política interna de su partido están simplemente desconcertados.

Por ello no debe extrañar que el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Antonio Alcalá Navarro, lo considere el peor ministro de Justicia de la historia democrática de España, y que su gestión esté salpicada de iniciativas  que ni tan siquiera encuentran explicación en esa intención de ganarse el favor de quienes siempre lo despreciaron en su propio partido. Iniciativas que solo se entienden en el principio de que cuando una cadena de despropósitos se despeña por la ladera de la irracionalidad, la bola de nieve se hace cada vez más grande, gana velocidad y difícilmente encuentra freno.

Posiblemente el paradigma de esta carrera que parece destinada a hacer imposible el acceso a la justicia de la mayoría de la población lo constituya el Anteproyecto de Ley de Planta y Demarcación Judicial, del que este periódico informó recientemente, que contempla lo que generosamente podría denominarse ‘un nuevo concepto de organización’, con la capital como epicentro y que lamina los once partidos judiciales repartidos por toda la provincia, Marbella incluida.

Según este proyecto, todos los juzgados de Marbella se trasladarían a Málaga capital, donde se concentrarían en el llamado Tribunal de Instancia, que debería dar cobertura a toda la provincia. Si este modelo prospera, todos los residentes en cualquier punto de la provincia deberían desplazarse hasta Málaga para cualquier actuación judicial.

Es evidente que la iniciativa ha caído como una bomba en Marbella, una ciudad cuyo índice de litigiosidad en relación con la cantidad de vecinos censados está entre los más altos de España y en cuyos juzgados se han instruido en los años recientes algunos de los casos penales más voluminosos y resonantes no solo de la provincia sino de todo el país,  como ‘Ballena Blanca’, ‘Malaya’ o ‘Hidalgo’.

Quienes aún albergan cierta esperanza en que los desatinos que se originan en las altas instancias políticas pueden frenarse desde la sociedad civil solo con la racionalidad de los argumentos se devanan los sesos para intentar hacerle entender al ministro Gallardón de la barbaridad que está haciendo. Otros simplemente se toman la cabeza imaginando un futuro no muy lejano con la provincia como partido judicial único.

El Ayuntamiento de Marbella está elaborando un estudio que prevé entregar a Gallardón en el que explica lo que se supone que un ministro o sus asesores más cercanos ya deberían saber: Marbella es una plaza judicial singular –solo basta con repasar la superpoblación de abogados colegiados y el número de despachos de primer nivel con oficina en la ciudad–, con un gran volumen de litigiosidad y con dependencias judiciales que no dan abasto. Lo que necesitan Marbella,  la octava ciudad más poblada de Andalucía, y sus ciudadanos que aquí residen y pagan religiosamente sus impuestos, no es que se lleven los juzgados, sino que traigan más.

Lo más paradójico de esta situación es que el proyecto de suprimir la administración de Justicia en Marbella llega cuando la ciudad se encuentra inmersa en un proyecto para crear un Palacio de Justicia. No es que la iniciativa esté precisamente avanzada, pero constituye una de las líneas estratégicas del nuevo proyecto de ciudad. Por ello llama la atención que el equipo de gobierno municipal, al tiempo que elabora el dossier para explicarle a Gallardón los motivos por los que no debe suprimir el partido judicial, haya hecho esta semana junto al Colegio de Abogados de Málaga una doble petición: al Gobierno, que no elimine los juzgados, y a la Junta de Andalucía, que no abandone el proyecto de construir una Ciudad de la Justicia en Marbella.

Claro que si la idea de Gallardón se materializa, el Gobierno andaluz podrá ahorrarse esa inversión millonaria para la que el Ayuntamiento ya ha ofrecido suelo. Resulta inquietante que por una vez que el Gobierno central y la Junta de Andalucía ven que sus intereses pueden confluir sea en una situación que podría convertirse en una tragedia para Marbella y sus ciudadanos.