Ya ha habido tiempo para digerir la sentencia del ‘caso Malaya’, situada en la posición aparentemente contradictoria que marcan unas condenas tímidas en relación con lo que solicitaban las acusaciones y el fiscal por un lado y una descripción de hechos probados gravísimos por el otro.

Quedarse en una valoración basada exclusivamente en que a Roca le pedían 30 años que se han reducido a 11 o que a Isabel García Marcos le han caído solo cuatro de los 12 que le solicitaban, o incluso en la gran cantidad de absueltos, puede llevar a cerrar este capítulo fundamental de la historia de Marbella con la percepción equivocada de que ‘Malaya’ ha sido un caso fallido, que el Estado a través de la judicatura y la policía arremetió contra personas inocentes o que lo que sucedía en Marbella no era para tanto.

Pero es la propia sentencia la que expone el relato ajustado de lo que pasaba en la ciudad durante aquellos años, negro sobre blanco, al asegurar que «el Tribunal ha llegado a la firme convicción de la realidad del sistema de corrupción generalizada que se había instaurado en el Ayuntamiento de Marbella por parte de los procesados y bajo el poder de hecho ejercido por el señor Roca». Se basa para ello en el cúmulo de datos, de prueba documental, pericial, registros, intervenciones telefónicas, testimonios y hasta confesiones.

En la semana transcurrida desde que se hiciera pública la sentencia se han disparado las interpretaciones y análisis, y la mayor parte destaca su solidez jurídica y lo impecable de los fundamentos en los que está basada. Hay también quien ha entendido, sobre todo en relación a los presuntos testaferros de segunda fila que han sido absueltos pese a las serias sospechas del Tribunal sobre su implicación, que posiblemente los magistrados hayan considerado que la pena de banquillo ha constituido ya suficiente castigo.

Seguramente algunos de los condenados irán ahora al Supremo, pero la mayor parte de quienes han analizado la sentencia coinciden en que ante un fallo tan prudente difícilmente el alto tribunal pueda reducir aún más las penas impuestas.

De las situaciones que han causado sorpresa una de las que más destaca es la del empresario Tomás Olivo, que resultó absuelto. Con dos sentencias favorables del Constitucional por el tiempo que permaneció detenido antes de comparecer ante el juez, difícilmente una sentencia condenatoria hubiese pasado la prueba del algodón del Supremo. Su abogado se ha ganado sobradamente la minuta.

La sentencia reveló una profunda disparidad de criterios entre el Tribunal y las acusaciones, tanto de la Fiscalía como del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, y en algunos casos esta diferencia quedó expresada en duras críticas hacia la forma en que se concretaron los cargos que se imputaban a los acusados. Los magistrados llegan a mencionar «una cierta ambigüedad y falta de precisión tanto a la hora de exponer los hechos que consideran delictivos, como a la hora de su calificación jurídica y a la hora de fijar el nexo causal entre hechos y delitos».

Ahora la incógnita es si las acusaciones recurrirán. El Ayuntamiento ha mostrado escaso interés en ir al Supremo, aunque después de un varapalo tan grande como el que recibieron las acusaciones, no recurrir la sentencia sería igual a admitir que la labor realizada por su representación en el juicio ha sido penosa.

Sin embargo, el equipo de gobierno municipal está de momento reticente e insiste en que su interés es recuperar dinero para la ciudad. Por eso la alcaldesa no dudó en exhibir como un triunfo una de las últimas consideraciones del Tribunal, que acuerda que los bienes decomisados y el importe de las multas sean utilizados para saldar la deuda que el Ayuntamiento mantiene con Hacienda y la Seguridad Social

Pero la coletilla del tribunal no es una orden, sino un pedido, y cabe preguntarse cómo se pretende recuperar ese dinero si no se consigue que se aumenten las condenas, incluso el número de condenados, y con ellos las multas. La experiencia del ‘caso Saqueo’, en el que Roca fue condenado a devolver a la ciudad 24 millones de euros, revela lo difícil que resulta traducir en dinero contante y sonante una resolución judicial.

Hace ya un año que el Ayuntamiento de Marbella y Juan Antonio Roca alcanzaron un acuerdo para el pago de esa sanción. El acuerdo incluía la deuda principal de 24 millones de euros, cinco millones de intereses y tres sentencias del Tribunal de Cuentas contra el propio Roca, por lo que el montante global ascendía a 30 millones de euros. Entre los bienes de Roca aceptados por el Ayuntamiento como parte de pago se encontraban el helipuerto, la finca de la Caridad, valorada en más de 5,2 millones de euros; dos parcelas de las Brisas, el local Marbella House, una parcela de Camoján y una finca de los Siete Corchones.

Sin embargo, en mayo pasado la ejecución del acuerdo fue frenado por un informe del interventor municipal, quien señaló que los derechos del Ayuntamiento podían verse mermados, ya que la venta de los inmuebles obligarían a la ciudad a hacer frente al impuesto de plusvalías, lo que rebajaría significativamente el beneficio obtenido. Además, el hecho de que estas propiedades figuren a nombre de sociedades, cuya titularidad asumiría la institución municipal, suponía un riesgo para el futuro, ya que en el caso de que aparecieran cargas sobre estas mercantiles el Ayuntamiento debería hacer frente a las mismas. Y ello sin contar con que la tasación que se puede hacer hoy día de esas propiedades no es ni mucho menos lo que costaban cuando fueron embargadas. Ya entonces la alcaldesa advirtió de que difícilmente se pudiera recuperar la mayor parte de lo robado.

Ahora hay nuevos condenados y una recomendación del Tribunal para que el dinero revierta en la ciudad. Pero ese pedido y la propia sentencia no dejan de ser una reparación moral para los vecinos de Marbella. Y es probable que haya que conformarse con eso.