Hay algo más absurdo e imprudente que vender la piel del oso antes de cazarlo: montar una pelea por un botín improbable. En esta práctica necia, la de pelearse por algo que no existe, han entrado los partidos políticos tras la sentencia del ‘caso Malaya’, que recomendó que las multas que se cobren a los condenados reviertan en la ciudad.

Si hubiese adivinado que el último párrafo de la sentencia iba a servir para que se montara una nueva pelea de gallos, posiblemente el tribunal se lo habría ahorrado. La ciudad aún no ha cobrado nada y es muy posible que se consiga muy poco, teniendo en cuenta la insolvencia sobrevenida de los condenados, pero aún así hay bronca política –llamarla debate sería elevarla a un nivel del que lo separa un abismo– sobre el destino del dinero. La discusión ha llegado hasta el Parlamento Andaluz.

La sentencia ha supuesto el final de un capítulo para la ciudad. Y lamentable, pero no inesperadamente, el cierre de la etapa judicial ha abierto la fase de la bronca. Los partidos han perdido la oportunidad de que desde las instituciones se elabore un relato conjunto de los años más negros de la historia de la ciudad y de enseñar una unidad granítica a la hora de que Marbella reclame en todos los foros lo que considera que es suyo. ¿Pero quién va a querer hacer política con mayúsculas cuando existe la posibilidad de arañar unos pocos votos aunque sea a costa de insultar la inteligencia de la mayoría?

Hace tiempo que Marbella viene pidiendo que los bienes incautados en la ‘operación Malaya’ y las multas de otros procesos judiciales reviertan en la ciudad. De hecho, en octubre de 2010 el Parlamento Andaluz ya votó una proposición en ese sentido presentada por el PP y respaldada por todos los grupos.

El pasado jueves, una iniciativa idéntica, esta vez presentada por el PSOE, fue aprobada por unanimidad, pero eso no es más que un espejismo. La moción fue apenas una excusa para usar la historia reciente de Marbella en el rifirrafe de todos los días. En este ejercicio de política con minúsculas la iniciativa la llevó el portavoz municipal del PSOE y parlamentario andaluz José Bernal, que utilizó la propuesta de pedir –por tercera vez- que el importe de las multas venga a Marbella para afear la conducta del PP durante los años del gilismo. El portavoz de IU en el Parlamento, José Antonio Castro, lo convocó estérilmente a la prudencia: «Yo que usted no sacaría pecho», le dijo.

Desde que el Parlamento aprobara la moción por segunda vez (¿es necesario aprobar lo mismo tres veces?) ha corrido agua. El Ayuntamiento llegó a un acuerdo con Hacienda para que el dinero recuperado –y es oportuno recordar que se está hablando de una hipótesis, de un futurible, de una entelequia, porque apenas se ha conseguido recuperar nada– fuese a aliviar la deuda que la ciudad tiene con Hacienda y la Seguridad Social. Es un acuerdo que está firmado y en vigor.

Ahora, con la sentencia en la mano, la recomendación del tribunal en el mismo sentido, «que los bienes aquí decomisados, así como el importe de las multas satisfechas, sean utilizados para abonar esas deudas con las entidades reseñadas», y ante lo que parecía un consenso básico sobre el tema, el PSOE lleva (y aprueba) en el Parlamento Andaluz una declaración para que el dinero se utilice en un plan de empleo y en infraestructuras. Es difícil que alguien vote en contra de un plan de empleo, el problema es que la propuesta no es más que un brindis al sol. Primero porque el dinero no está; segundo porque cuando aparezca se lo llevará el Estado, al que se le deben 300 millones de euros.

Pero al mismo tiempo que presentaba esta propuesta, el PSOE se negó a discutir una enmienda del PP que pedía a la Junta un plan de inversiones para Marbella que compensara lo que se dejó de invertir por el aislamiento institucional durante la larga noche gilista. Lo que los populares consideran la ‘deuda histórica’ con la ciudad. Los socialistas se negaron a incluir esta enmienda porque su intención no era poner en un aprieto a la Junta, y sí intentar sacar las vergüenzas al PP por su supuesto comportamiento durante aquellos años. La metáfora bíblica de la paja en el ojo ajeno en toda su dimensión. El viejo truco de reprochar el pasado para eludir un debate sobre el presente.

No ha sido la única muestra de oportunismo político a la sombra del fallo del Tribunal. El Ayuntamiento ha encontrado en ese párrafo de la sentencia la coartada para no recurrirla pese a la sensación generalizada de que las condenas han sido tibias. ¿Cómo recurrir una sentencia –han venido a decir– que pide que el dinero de las multas revierta en Marbella? Ese razonamiento olvida –más allá del daño moral que produce que quienes la han hecho muy grave se escapen con castigos leves y de que robar a manos llenas en este caso salga rentable– la obviedad de que con condenas más duras las multas también lo serían

La postura municipal, en todo caso, es una exhibición de pragmatismo marca de la casa. Saben que ir al Supremo cuesta dinero, que por más que –en el mejor de los escenarios– las multas se aumenten, cobrarlas seguirá siendo igual de difícil, que hay empresarios que han salido bien parados con los que la ciudad debe seguir conviviendo, y seguramente íntimamente participan de que la sentencia incluye de forma implícita una postura crítica a la instrucción que en los años de la ‘operación Malaya’, cuando la acusación particular no la ejercía el Ayuntamiento, sino el PP, compartían.

Durante el debate en el Parlamento, el representante del PP, José Eduardo Díaz, optó por la mesura y evitó responder a la foto exhibida por Bernal en la que se veía a Jesús Gil confraternizando con Esperanza Oña con alguna de las múltiples instantáneas en la que Isabel García Marcos aparece delante del anagrama del PSOE. Pero la prudencia se acabó en el pleno municipal del viernes, donde los reproches asomaron con toda su intensidad.

Si estas posturas son difícilmente comprensibles para cualquiera que analice la situación más allá de las pasiones y los intereses políticos, lo que resulta más triste es la dificultad que se encuentra a la hora de que la ciudad pueda hallar un mínimo consenso a la hora de cerrar el balance de lo que pasó.

Que mientras unos recuerdan que García Marcos fue la cara del PSOE en Marbella durante más de una década, los otros reprochen los pactos en Benahavís o en la Mancomunidad que encontraron a GIL y PP como compañeros de viaje no ayuda gran cosa a resolver los problemas actuales.

Posiblemente sirva para alimentar el forofismo de la parroquia que unos enseñen como prueba de su compromiso las denuncias interpuestas por la Junta por infracciones urbanísticas (al mismo tiempo que la misma Junta cobraba los impuestos de las construcciones ilegales), mientras los otros se vanaglorien de ser los únicos sin concejales salpicados por la basura. Pero ambos olvidan que si Gil pudo gobernar en Marbella fue porque los partidos tenían su reputación por los suelos, y que la ciudad necesita cerrar una etapa con antídotos para que la historia no vuelva a repetirse.

Ese epílogo debería escribirse en conjunto, si es posible con poco oportunismo y al menos unas gotas de una autocrítica a la que todos parecen ser alérgicos.