Se dice, con razón, que el pleno de los presupuestos es el más importante del año, porque donde realmente se comprueba qué política se hace no es en los discursos y en las declaraciones, sino en las cuentas. Se puede escuchar todos los días a un gobernante declamando su compromiso con el apoyo a la creación de empleo y a las pequeñas empresas, pero eso solo se comprueba cuando llega el momento en el que se decide cuánto se cobra de IAE y cuánto de IBI a los locales comerciales, lo mismo vale para otras instancias cuando se escucha hablar de defensa de la educación pública o de la sanidad, por poner los ejemplos donde palabras y hechos suelen surcar los caminos más divergentes.

Por eso, el documento que se aprobó en el último pleno extraordinario marcará qué pasará con la ciudad durante todo el año que viene, y más allá de los motivos que puedan esgrimirse y de las responsabilidades que puedan atribuirse para que ello siga siendo así, lo concreto es que Marbella sigue siendo una ciudad cuyo ayuntamiento se ve obligado a destinar, de cada 100 euros, 62 a pagar nóminas, 20 a atender la deuda, y 16 a inversiones. Y es también un ayuntamiento sustentado en un 85 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

La recuperación económica se viene anunciando con entusiasmo, pero los presupuestos no se dan por enterados del anuncio. Aquí vale elogiar la prudencia o criticar el pesimismo, pero lo cierto es que los presupuestos siguen siendo presupuestos de crisis. Y además, presupuestos de crisis de un Ayuntamiento que hace siete años tuvo que ser rescatado porque estaba en quiebra.

Los hechos son tozudos. Aunque a veces el apresuramiento de unos por pasar página y el oportunismo de otros por atribuir todos los males de la ciudad a quien ahora tiene el bastón de mando invitan a olvidarlo, el Ayuntamiento de Marbella es una institución que durante mucho tiempo seguirá marcada por su historia reciente. Las reconstrucciones suelen ser más penosas, largas y complejas que los derribos. Por eso, la misma alcaldesa que propuso unos presupuestos que no contemplan el cobro de las multas y penalizaciones impuestas a quienes cometieron desmanes en el pasado tuvo que recordar en su intervención en el pleno de dónde venimos.

Los presupuestos son los de una institución endeudada que todavía no sabe cómo va a abordar el pago de esa deuda. Se han aprobado pese a que dos reparos del interventor, uno de los cuales se refiere a que solo se han reservado tres millones de euros para cumplir con el pago del plazo por la deuda con la Junta de Andalucía pese a que el compromiso firmado por el Ayuntamiento es pagar 17,8 millones de euros. El Ayuntamiento confía, o al menos esa es su postura oficial, en retomar cuanto antes las conversaciones con la Junta, interrumpidas cuando Griñán dejó su lugar a Susana Díaz, y conseguir un compromiso de refinanciación que dé algo de alivio a las arcas municipales. En enero de este año, el entonces presidente permitió que Marbella aplazara la mayor parte del pago de 2013 y dejó abierta la puerta a una negociación definitiva. «Es el mismo equipo de gobierno», dijo esta semana, con candidez real o fingida el portavoz municipal, Félix Romero. Pero no. Ni es el mismo equipo, ni el mismo gobierno, ni la misma presidenta, ni la misma consejera.

La negociación tendrá que comenzar no donde se dejó, si no desde el principio. No se sabe si será mejor o peor para los intereses de la ciudad, ya que lo único seguro es que resolver este problema de momento no figura entre las prioridades más urgentes del Gobierno andaluz, y que cuando la consejera, María Jesús Montero, tome una decisión sobre el tema lo hará en función de la coyuntura política del momento. Por ahora el tema está aparcado, y la petición del Ayuntamiento de una reunión para abordar el asunto seguirá sin respuesta.

Mientras tanto, los dos partidos mayoritarios han presentado iniciativas para que el tema de las cuentas de Marbella se aborde en el Parlamento Andaluz y en el Congreso de los Diputados. El PP llevó a la cámara autonómica una propuesta para instar al Gobierno andaluz a refinanciar el cobro de la deuda, un asunto que no podrá abordarse por el pleno hasta el mes de febrero, y el PSOE propuso en el Congreso que Hacienda no se quede con las multas que se cobren por el ‘caso Malaya’, ya que los delitos ahí juzgados tuvieron como víctima a Marbella y sus vecinos.

Que el PP se dirija a la Junta y el PSOE al Gobierno, y no al revés, demuestra cuánto hay en estas iniciativas de ganas de hacer ruido y cuánto de intención de resolver problemas para la ciudad. Seguramente si intercambiaran los papeles se podría avanzar algo. Y es que a veces se los ve venir desde lejos.