Cuando en vísperas de las elecciones generales de 2011 Mariano Rajoy y Alfredo Rubalcaba celebraron el primero de sus acartonados debates preelectorales, el candidato socialista asumió una actitud que todos los analistas consideraron un error de libro. Frente a un Rajoy que hablaba como futuro presidente del Gobierno, Rubalcaba se pasó todo el debate exigiéndole que dijera qué iba a hacer cuando ganara. Rajoy asumió una serie de compromisos –que ya en la Moncloa incumpliría sistemáticamente–, pero nadie que soportara aquella noche las dos horas frente a la televisión tuvo por un momento la sensación de que el aspirante socialista se atribuyera a sí mismo siquiera alguna remota posibilidad de frenar la vuelta al poder del Partido Popular.
Seguramente era mucho pedir a Rubalcaba que en una sola noche televisada torciera el curso de un resultado que se adivinaba inexorable por la virulencia de la crisis que ya se adiviniba y la impotencia del Gobierno para hacerle frente, pero cabe preguntarse si esa actitud de atribuir a su contrincante la condición de futuro presidente y de exigirle responsabilidades por no revelar su verdadero programa en lugar de explicar cuáles eran las propuestas socialistas no contribuyó a que la derrota del PSOE fuera de una magnitud inédita hasta entonces.
Recientemente se ha conocido que el Ayuntamiento ha sufrido un serio traspiés en los tribunales. El TSJA ha dictado una sentencia que anula las determinaciones del Plan General en lo que se refiere al traslado a la Serranía del polígono industrial de La Ermita. La decisión judicial, dictada tras una demanda presentada por dos propietarios, paraliza de hecho un proceso en cuyos estudios ya se llevan invertidos más de 300.000 euros, que supone una transformación absoluta en el diseño de una ciudad marcada por desequilibrios territoriales, que movería, según se estima, una inversión de mil millones de euros y que está llamada a acabar con una anomalía que Marbella deberá corregir más temprano que tarde: la existencia de un polígono industrial en primera línea de playa.
La decisión judicial se ha basado en un informe técnico cuyas conclusiones el Ayuntamiento rechaza y el plan de sectorización ya terminado desmiente, aunque ese documento no pudo ser presentado por los tiempos procesales. Ahora, pese a que se ha pedido unificación de doctrina porque hay otras sentencias que sí avalan el plan, la situación en la que queda todo está marcada por la incertidumbre.
Que este proceso, que no es asunto de un mandato municipal de cuatro años, ni siquiera de dos ni de tres; que se inició a partir de un Plan General elaborado bajo la supervisión de la Junta de Andalucía, y que está contemplado en el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol, a su vez derivado del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, haya sufrido un frenazo en seco en los tribunales supone seguramente una mala noticia para alguien. Lo que cabe preguntarse es si se trata de una mala noticia sólo para el equipo de gobierno municipal, para la alcaldesa y su concejal de Urbanismo, para los técnicos que vienen trabajando en el asunto o para el conjunto de la ciudad e incluso de la Costa del Sol.
Desde las filas de la oposición municipal se ha celebrado la decisión judicial. Izquierda Unida –cuyo portavoz acusó en el último pleno de ‘leninismo’ al Partido Popular por su criterio de ‘cuanto peor mejor’ en las relaciones con la Junta de Andalucía– recordó que hace tiempo viene advirtiendo de que esta operación es inviable y el candidato socialista, José Bernal, reclamó a la alcaldesa que diga cuál va a ser plan alternativo ahora que el TSJA ha frenado el traslado con esa sentencia. Bernal invitó a la alcaldesa a «que se ponga de forma inmediata a buscar un nuevo emplazamiento para el futuro polígono que no suponga la ruina de los propietarios y empresarios del polígono La Ermita ni la pérdida patrimonial de la ciudad».
Es lógico que durante todo el mandato municipal se exija a quien gobierna que lleve adelante los proyectos a los que se ha comprometido y que se le reclame responsabilidades cuando no consiga hacerlo. Pero no resulta demasiado alocado pensar que a 100 días de las elecciones municipales, una circunstancia como esta constituye una oportunidad inmejorable para explicar cuál es la opción que se propone.
Celebrar la derrota de un plan estratégico a largo plazo que seguramente a través del tiempo deberán gestionar diferentes equipos de gobierno debería suponer, paralalamente, la propuesta de una alternativa. Lo que ha dicho en esta ocasión el TSJA ya se sabe. El Ayuntamiento ha adelantado que presentará un recurso porque considera que el polígono debe trasladarse y que la Serranía es la localización adecuada. Ahora resta por saber qué proponen quienes aspiran a asumir el mando. Los 100 días que quedan hasta las elecciones municipales parecen ser el momento adecuado para hacerlo.