Años atrás, cuando en la política había más ideología que oportunismo, o al menos tanta ideología como oportunismo, los papeles parecían claramente repartidos. Los partidos de izquierda abogaban por los derechos de los trabajadores, los servicios sociales y la universalización de servicios. La derecha se interesaba por la seguridad ciudadana, la bajada de impuestos y el control del gasto.
Pero ha habido un proceso que ha dado por tierra con esta simplificación: la sociedad se ha ido haciendo más compleja, han aparecido problemas nuevos y los partidos, no olvidemos este factor, han asumido que la coherencia ideológica es un lastre a la hora de hacer promesas electorales en función de la demoscopia; de modo que coherencia, cuanto menos mejor.
Así es como se ha pasado de considerar que subir impuestos es de izquierdas y recortar gasto de derechas, a convertir las campañas electorales en subastas donde los partidos se vuelven irreconocibles y las ideologías, una rémora del pasado. Lo primero llevaba a situaciones absurdas, lo segundo vacía la política de contenido y la convierte en un concurso de trileros. Hemos pasado de lucir doble peluca a quedarnos calvos.
De todas las subastas que se realizan en campaña, una de las más recurrentes es la fiscal. Todos los partidos han asumido que donde más tocado está el Partido Popular es en relación con su promesa de bajar los impuestos –promesa no incumplida sino ejecutada al revés– y por eso no extraña que todos los partidos prometan reducciones fiscales. Y como estamos en municipales, las promesas van en relación al IBI.
El problema es que desde que dejamos de creer en los Reyes Magos sabemos que con los impuestos se pagan los servicios públicos, y a cada promesa de bajada debería seguir la advertencia de un recorte. Si no se hace así, prometer bajar impuestos puede ser una trampa. Y bajarlos, una trampa aún mayor.