El aterrizaje del nuevo equipo de gobierno en la gestión de los asuntos municipales está siendo más lento de lo que se esperaba. Éste debería ser un país en el que un cambio de signo político en una institución no debería suponer otra cosa que modificar las orientaciones generales de la gestión pública, no la paralización de esta.
Miembros del equipo de gobierno aseguran que se han encontrado la administración llena de pequeñas bombas de relojería, y por eso no llama la atención la polémica surgida esta semana en relación con la suspensión por falta de presupuesto de unos premios literarios.
La exconcejala del ramo, Carmen Díaz, reaccionó tras conocer la suspensión con una rueda de prensa en la que aseguraba que sí había fondos para realizar el certamen, aunque a renglón seguido aclaró que se contaba con el apoyo económico de patrocinadores, aspecto al que no se refirió la responsable de Cultura, Gema Midón, cuando aludió a la insuficiencia de fondos para poder celebrar el evento y que posiblemente desconocía.
En una situación normal de relevo en el poder municipal, lo lógico hubiese sido que la edil saliente comunicara a la entrante los pormenores de la organización de un evento con el que se encontraría aún aterrizando. Pero no estamos en una situación normal, sino en un ambiente en el que muchos de los ediles de uno y otro signo se ven por la calle y ni siquiera se saludan. Las consecuencias de la descortesía las pagan los ciudadanos.
Según aseguran desde el propio equipo de gobierno, prácticamente toda la gestión municipal descansaba en cargos designados por el Partido Popular que han cesado en sus funciones, aunque las cifras que se dan en este sentido bailan según se pregunte a uno o a otro. 32 sostienen desde el gobierno saliente; más de 40 o más de 60, según quién responda, desde el entrante. Que el propio gobierno municipal no haya dado aún una cifra concreta sobre este apartado –el propio alcalde se refiere a una horquilla entre 44 y 46– permite advertir hasta qué punto el aterrizaje en la Plaza de los Naranjos todavía no ha terminado.
Cualquiera sea la cifra, se asegura que al haberse descabezado la cúpula que dirigía el Ayuntamiento hay trabajo que no se hace simplemente porque no hay nadie que pueda hacerlo. Los propios concejales reconocen que tienen que asumir personalmente algunas tareas que por lógica no les corresponden. La imagen del edil de Parques y Jardines con la llave de la plaza de la Constitución en mano esperando que llegue la hora de cierre da una buena idea de cuál es la situación organizativa del Ayuntamiento tras un relevo que no ha sido tal, sino la salida en estampida de los que estaban y el aterrizaje de los nuevos.
Es posible que el equipo saliente tenga la tentación de atribuir la lentitud en el aterrizaje del nuevo gobierno a su composición multicolor o a la bisoñez de sus integrantes, pero es seguro que los ciudadanos de todo signo agradecerían mayor cortesía y espíritu de colaboración por ambas partes.
El nuevo equipo de gobierno municipal lleva tres semanas en el Ayuntamiento y da la sensación de que este tiempo sólo le ha dado para un par de gestos de fuerte contenido simbólico y para comenzar a organizarse. Y no puede decirse que el proceso de organización haya concluido.
En el primer pleno municipal se aprobó la creación de 27 puestos de libre designación de los que nueve tienen el rango de ‘asesor responsable’. Se trata de un eufemismo que esconde las funciones de directores de área, figura criticada por los actuales gobernantes cuando estaban en la oposición. De hecho, cuatro de estos asesores que serán más que asesores ya que tendrán funciones ejecutivas, son antiguos ediles.
Algunas de estas personas comenzaron a ejercer antes de tomar posesión de sus cargos, incluso antes de que sus cargos fuesen creados, una situación formalmente irregular pero que desde la buena voluntad podría entenderse desde la necesidad de que la gestión municipal no colapsara.
Sin embargo, tres semanas después de que el nuevo alcalde fuese investido prorrogar esta situación irregular raya en la irresponsabilidad.
De los nueve cargos creados, siete ya están oficialmente en funciones. Existe otro que no ha asumido al no haber arreglado aún su situación laboral actual y un noveno que corresponde al cargo de asesor jurídico de Alcaldía que el Ayuntamiento debería aclarar cuanto antes.
Desde que comenzó el desembarco del nuevo equipo en el Ayuntamiento sonó el nombre del abogado Jaime Olcina, asesor jurídico del grupo municipal socialista en el anterior periodo municipal, como posible director o asesor de Urbanismo. De hecho, el propio Olcina se instaló en las oficinas de esa delegación y comenzó a funcionar codo con codo con la concejala delegada del área, Isabel Pérez.
Pero los antecedentes de Olcina, declarado simpatizante del GIL en los noventa y socio de Isabel García Marcos en una fundación creada en 2003, no convencieron a los socios de gobierno, especialmente a Costa del Sol Sí Puede, que cuestionaron su llegada a un área tan sensible y con una historia tan crítica en la ciudad como es la de Urbanismo. Se decidió entonces que el abogado pasara a depender directamente del alcalde como asesor jurídico. Sin embargo, el nombre de Olcina no figura en la lista de los siete altos cargos nombrados por decreto del alcalde el pasado 1 de julio. Cuando este periódico se ha interesado por la situación del abogado ha recibido respuestas de lo más variadas.
Olcina no está aún por lo tanto oficialmente en el organigrama municipal, a pesar de lo cual sigue despachando en el Ayuntamiento y participando en reuniones con y sin focos. En aras de la transparencia, que supuso uno de los puntos fundamentales del pacto de gobierno, esta situación no se debería prolongar ni un día más.