La Delegación de Urbanismo, que hasta ahora había permitido sacar pecho al equipo de gobierno municipal, ha vivido esta semana sus ‘días horribilis’. Tras aprobar una profunda reestructuración del área, la concejala Isabel Pérez ha tenido que recular y desmentirse a sí misma para evitar males mayores.
La semana anterior, Pérez firmó una nota interior de 14 folios en la que informaba de los cambios en el área, que incluían el nombramiento de nuevos jefes de servicio y de sección, la designación de algunas jefaturas temporales y la asignación de trabajadores a cada una de las áreas con una minuciosa descripción de tareas. Los nombramientos implicaban, como es natural, ceses.
Las modificaciones, según explicaba la propia concejala, se inspiraban en intenciones tan loables como evitar «subrutinas redundantes, trabajos alienantes, desempeños recurrentes y el agotamiento y la frustración del personal, que a su vez se traslada en una percepción ciudadana injustamente negativa de la denodada labor» que se realiza en la delegación.
Los cambios fueron comunicados a los trabajadores mediante la nota, en la que se informaba de los nombramientos de los nuevos responsables y el relevo de los antiguos, a quienes se reconocía «los años de ardua labor no siempre recompensada y rara vez reconocida».

Muchas veces se reclama que la administración recoja prácticas de la empresa privada para ganar en eficacia, pero está claro que en las instituciones públicas hay caminos que no se pueden saltar.
En apenas una semana la edil tuvo que dar marcha atrás, corregirse a sí misma y firmar otra nota, mucho más escueta que la anterior, en la que aseguraba que aquella no era más «que un documento de trabajo». Una propuesta que debía ser negociada.
¿Qué había pasado en medio? Algunos sindicatos habían estallado ante lo que consideraban un atropello a los derechos laborales de los empleados de Urbanismo, especialmente de quienes se veían desplazados de sus cargos y de las remuneraciones ligadas a esos puestos.
La seguramente bien intencionada iniciativa de la edil suponía barrer con una serie de derechos adquiridos, y en esos asuntos la administración tiene sus propias normas. Seguramente menos prácticas que en la empresa privada, pero mucho más garantistas para quienes han entrado en el organigrama de lo público.
Es posible que Isabel Pérez, tras pagar la novatada, ya conozca cuáles son los procedimientos burocráticos que debe seguir, haya entendido que la voluntad de cambiar las cosas a mejor es condición necesaria pero no suficiente y comience a preguntarse si ha estado bien asesorada, incluso por quienes le aconsejaron no reconocer el grueso error con el que se ha estrenado y desmentir en un documento lo que había firmado en el anterior.
Pérez no es la única a quien la inexperiencia ha puesto en evidencia. El pasado viernes los dos ediles de Costa del Sol Sí Puede intentaron desmarcarse del equipo de gobierno municipal. Ya sea porque existe malestar interno en Podemos por el seguidismo de ambos concejales, lo que ha llevado a que exista cierto desconcierto acerca de si lo que gobierna en Marbella es un tripartito o un cuatripartito, o porque la proximidad de las elecciones obliga a volver ocupar el espacio propio lejos de veleidades incomprensibles, o quizás por ambos factores, los ediles ofrecieron el viernes una rueda de prensa con posterior comunicado en la que intentaron volver al discurso original de Podemos como alternativa al bipartidismo con el que la formación morada creó un nuevo espacio y entró en el mapa político.
Desde que el portavoz municipal de la formación, José Carlos Núñez, instara en la asamblea posterior a los elecciones a apoyar la investidura de José Bernal prácticamente sin condiciones porque «el PSOE es casta pero el PP es casta y media», el partido instrumental ha mantenido posiciones en el Ayuntamiento que hicieron imposible diferenciar su posición de las de sus compañeros en la comisión de gobierno municipal. Incluso en asuntos que colisionaban con cuestiones que habían sido nucleares en el discurso fundacional de Podemos, como la limitación de los sueldos de los políticos a tres salarios mínimos o la crítica a la contratación de afines sin cualificación.

Posiblemente por candidez o porque está atrapado en aquel concepto acuñado por Núñez de la casta y la casta y media que lo llevó a regalar el voto de investidura sin contrapartidas ni garantía alguna y que le impide sumar sus votos a los del PP cuando alguna cuestión no convence, el grupo municipal de Costa del Sol Sí Puede ha intentado afrontar estas cuestiones con iniciativas inverosímiles, como las entrevistas personales mantenidas con los cargos de confianza cuyos currículos no convencían o la rueda de prensa del viernes, en la que advirtieron de que pese a las promesas este año el IBI no va a bajar una semana después de que el paquete fiscal y la retirada de la subvención a ese impuesto salieran adelante con sus votos en el pleno municipal.
O también están pagando la novatada o ya han pasado a formar parte de aquello contra lo que que nacieron: la vieja política de decir una cosa y hacer lo contrario.