Seguramente el ‘caso Malaya’ sobrevolará todavía algunos años más sobre la conciencia colectiva de la ciudad de Marbella. La disposición que permite a la ciudad reclamar para sí lo que el Estado vaya cobrando por las astronómicas multas impuestas a los condenados obligará al menos a estar atentos al devenir de los acontecimientos que se vayan produciendo en el futuro, pero qué duda cabe de que la entrada en prisión de un buen número de concejales, entre ellos la exalcaldesa Marisol Yagüe y el exalcalde accidental Tomás Reñones, y de otros condenados cierra en gran medida el capítulo abierto hace una década con la operación que supuso un corte en la historia de la ciudad.
Los diez años que transcurrieron desde que la policía irrumpió en el Ayuntamiento en lo que entonces se consideró la mayor operación contra la corrupción en España han dado para mucho. Que las dimensiones y la importancia del ‘caso Malaya’ se haya quedado en poca cosa comparando con todo lo que vino después –tanto en el volumen de lo robado, como en la sofisticación de los sistemas utilizados para rapiñar el dinero público, como en el lugar que ocupaban en las estructuras institucionales quienes se han visto implicados– no es un tema menor para una ciudad cuyos vecinos asistieron durante años a cómo se utilizaba el término ‘marbellización’ para referirse a la corrupción política ligada al urbanismo y al cobro de comisiones. A algunos de los que entonces se permitían dar lecciones ya los hemos visto desfilar por los juzgados y dormir a buen recaudo.
Hoy se puede decir que el ‘caso Malaya’ fue el primero y que tuvo la importancia de haber acabado con la sensación de que las instituciones públicas eran espacios de impunidad y el respaldo electoral, garantía de inmunidad, pero ya no se puede decir que haya sido el más importante.
Por eso empieza a resultar llamativo que el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, lleve diez años en prisión y que ahora hayan comenzado a entrar en la cárcel muchos de los condenados en la macrocausa mientras el resto de los macroprocesos marcha con lentitud. No es que Roca, Julián Muñoz y los malayos que desde esta semana les hacen compañía tras las rejas deban estar en otro lado; es que tendrían que estar más y mejor acompañados.
En la época en la que comenzaron a percibirse señales de que su impunidad se podía acabar, el GIL y sus portavoces recurrían a dos argumentos principales para cuestionar el papel de la justicia. Que se trataba de una persecución contra Marbella por la ‘envidia’ que despertaba la ciudad y que se les perseguía porque no pertenecían a ninguno de los grandes partidos. Es evidente que no hay otro motivo que las fechorías que cometían para explicar la persecución judicial y policial de la que fueron objeto, pero ante la impunidad aún más prolongada que otros delincuentes con traje de político disfrutaron hasta que la situación se hizo insoportable para el conjunto de la sociedad no cabe más que preguntarse si posiblemente el gran error estratégico de Roca haya sido no haber buscado amparo en siglas de mayor linaje. Por lo que se está viendo en los últimos años, y también en los últimos días, es posible que de haber buscado posiblemente hubiese encontrado, porque lo que ha saltado en Valencia, y antes en la Comunidad de Madrid, y antes en las cloacas de la Consejería de Empleo en Sevilla, y antes en la sede nacional del partido gobernante, y antes en la presidencia de la Generalitat de Cataluña, y antes en el entorno familiar del Jefe del Estado, y antes en la sede del gobierno balear, ha convertido a Roca en un personaje menor. Incluso hasta más cuidadoso y sofisticado, porque es difícil imaginar al cerebro de la trama rompiendo un ordenador a martillazos o contando dinero mientras era grabado.
Ahora sólo falta esperar. Es necesario estar seguros de que podremos desterrar aquel argumento gilista de la persecución política. Y también de que más temprano que tarde quienes creyeron que podían haber saqueado con inmunidad política porque se contaba con un paraguas protector más confiable que las endebles siglas del Grupo Independiente Liberal terminen acompañando a quienes esta semana han vuelto a cruzar las puertas de la prisión.

Nuevo comisario 
En los diez años transcurridos desde que se abrió el capítulo que ahora se cierra han pasado otras cosas en la ciudad, pero algo parece no haber cambiado: la volatilidad del cargo de comisario jefe de Marbella, un puesto que parece tener la misma estabilidad que la mayor parte de los empleos que se crean en el actual mercado de trabajo.
En esta década han pasado ya ocho comisarios y ninguno ha conseguido hacer pie en la Comisaría. Unos porque han preferido irse cuando tuvieron conciencia exacta de cómo era el terreno que pisaban y otros porque se les aparecieron por delante destinos más apetecibles. Hubo también dos casos en los que los comisarios fueron invitados a marcharse después de haber husmeado donde no debían.
Ahora llega un jefe con el mismo compromiso que los ocho anteriores: quedarse en la ciudad por un largo periodo. Aterriza con el aval de una trayectoria impecable, con el respaldo de la jerarquía policial y con conocimiento de la ciudad. Sólo cabe esperar que en este caso la historia no se repita. Y que lo dejen hacer su trabajo, encuentre lo que encuentre.