Estaría bien preguntarse si esas mentes preclaras que hace algunos años decidieron convertir a España en una marca no deberían haber puesto el acento en las cuestiones que realmente afectan al prestigio del país y ahuyentan a inversores que con toda seguridad nunca más en su vida querrán oír hablar de nada que tenga que ver con la costa mediterránea en lugar de destinar a estupideces ingentes cantidad de dinero público.

La semana pasada un juzgado de Málaga ha dado la razón a una ciudadana británica que en el año 2003 tuvo la idea –una idea que seguramente maldeciría durante los años subsiguientes– de dedicar los ahorros de toda de vida a organizarse un retiro dorado en la Costa del Sol.

La historia es muy larga, pero puede resumirse en una corta sucesión de episodios. Compró sobre plano un apartamento con vistas a un campo de golf en una urbanización de Marbella. Pagó por adelantado 238.000 euros, que ingresó en el banco con el que trabajaba la promotora.

La promoción, como tantas otras en aquella época, se había hecho al margen del Plan General vigente y con la complicidad de las autoridades municipales de entonces. Cuando llegó el momento de escriturar, el inmueble, por su situación irregular, no había obtenido la licencia de primera ocupación y además la construcción estaba fuera de plazo.

La mujer inició entonces una larga batalla para recuperar su dinero cuyos detalles con toda seguridad aburrirían al lector. Sólo basta saber que ante denuncias idénticas diferentes juzgados de Marbella y la propia Audiencia Provincial emitieron fallos diferentes, unos a favor de los perjudicados y otros a favor de la promotora. Cuando se unificó doctrina –ya habían pasado diez años desde que la buena señora había confiado 238.000 euros a la seriedad de este país– la promotora estaba en concurso de acreedores y en situación de insolvencia. Quedaba el recurso del banco, obligado a contar con una póliza para situaciones como esta. Pero si la crisis ha enseñado a tener dudas sobre la solvencia moral de algunos empresarios de la construcción, no hablemos ya de la de los bancos. La mujer tuvo que ir a juicio y esta semana, 16 años después de despedirse de su dinero, volvió a ganar. El banco ha sido condenado a devolverle sus 238.000 euros más sus intereses, pero todavía le cabe la posibilidad de un recurso.

Es deseable que a la mujer que quería disfrutar de su jubilación en España y a los casi 200 compradores, la mayoría británicos, que compraron en esa urbanización, les quede todavía salud para reencontrarse con los ahorros de toda su vida. Seguramente podríamos ahorrarnos preguntarles a todos ellos que opinan de la marca España.