Hace poco más de una década, Marisol Yagüe ofreció una de sus últimas ruedas de prensa en el Ayuntamiento. La acosaba la sospecha de haber utilizado material de los almacenes municipales para reformar su casa y además un incidente entre cuatro policías municipales y un vecino acabó con la muerte de éste en un episodio que la entonces alcaldesa no consideró lo suficientemente grave como para interrumpir sus vacaciones en el Caribe. A su regreso la esperaban las cámaras para pedirle explicaciones y Yagüe decidió no enfrentarse sola a las preguntas. Convocó a los periodistas a un salón de plenos al que invitó también a su elenco estable de palmeros, algunos de los cuales han desaparecido de la vida pública aunque otros han permanecido tras el oportuno cambio de chaqueta.
La rueda de prensa acabó como el rosario de la aurora. A la primera pregunta incómoda los palmeros comenzaron a increpar a los periodistas y alguno pasó de las palabras a los hechos. Ante el requerimiento de los informadores para que desalojara el recinto, Yagüe recurrió a una de las posturas demagógicas en las que tan cómoda se sentía: «Esta es la casa del pueblo y yo de aquí no puedo echar a nadie».
Era imposible adivinar entonces que diez años después la misma fórmula iba a ser utilizada por un alcalde socialista para evitar tomar medidas contra un espontáneo más o menos espontáneo que en medio del debate sobre los presupuestos iba a lanzar un insulto contra un concejal de la oposición. Durante el anterior periodo municipal, como líder la oposición, Bernal fue desalojado en un par de ocasiones por orden de la entonces alcaldesa, Ángeles Muñoz, tras ser llamado al orden por hablar cuando no le tocaba. La falta de mano izquierda para conducir los plenos y la racanería a la hora de asignar tiempos de intervención fue una de los cuestiones que más críticas levantó durante la gestión de Muñoz, por innecesarias cuando disfrutaba de mayoría absoluta, incluso dentro de sus propias filas. Tanto Bernal como el portavoz de OSP, Rafael Piña, fueron expulsados del pleno en más de una ocasión, y quienes asistían a esos incidentes siempre llegaban a la conclusión que para la oposición era muy sencillo ganarse el titular y la foto en las crónicas del pleno. Sólo había que poner a prueba la paciencia de la alcaldesa.
Ahora, desde la presidencia, Bernal ha querido marcar distancias con su antecesora y ya en un pleno anterior adelantó a los concejales populares que lo increpaban que él nunca expulsaría a ningún edil. El pasado viernes, durante el debate de los presupuestos, renovó su apuesta y amplió la garantía al público asistente.
Se trata de un compromiso arriesgado y posiblemente no conveniente. Asegurar que nunca se expulsará a nadie puede suponer una invitación a convertir aquello en un guirigay. No hay nada que objetar a la afirmación de que el Ayuntamiento y su salón de plenos deben ser la casa del pueblo. Pero precisamente por el respeto que merece esa condición es por lo que debería invitarse a salir a quienes no sepan estar en un recinto al que sólo pueden entrar unas decenas de asistentes, pero que no es la casa de esos pocos, sino de 140.000 vecinos.
Permitir que el insulto a un edil salga impune es invitar a que las butacas del público se conviertan en gradas llenas de hooligans de uno y otro signo. Y nadie quiere que los plenos acaben siendo otra cosa que una oportunidad para el debate sereno.

Presupuestos: fin a una larga negociación
El pleno del viernes cerró un largo proceso negociador que acabó como el equipo de gobierno pretendía. Después de que el grupo municipal de Costa del Sol Sí Puede aprovechara el anuncio del PP de que no votaría en contra en la aprobación inicial para desmarcarse del tripartito y crear una situación de incertidumbre que los situó durante un mes en el centro de la atención y con la posibilidad de ir marcando tiempos y contenido de la agenda política, se ha vuelto prácticamente al punto de partida del actual periodo municipal.
Durante el tiempo transcurrido entre la votación inicial y la definitiva del viernes hubo de todo. El grupo de gobierno pasó de confesar su inquietud por el desmarque de los dos ediles de Podemos a admitir que exploraría otras posibilidades para que los presupuestos salieran adelante (léase eventual apoyo o abstención del PP) y a asegurar después que los presupuestos ya estaban aprobados y prácticamente no cabía más que una negociación técnica. Pero finalmente volvió al comienzo: requerir el respaldo de sus aliados de investidura.
La forma en que se desarrollaron los acontecimientos invita a pensar que para Podemos los presupuestos no fueron más que la oportunidad para recordar que sus votos hicieron posible el cambio político en el Ayuntamiento y que sus posiciones deben ser tenidas en cuenta. Como en toda buena reconciliación, la nueva situación es mejor para los contendientes que antes de la pelea. Después de haberse acordado un sistema de funcionamiento no sólo entre grupos municipales sino también entre partidos, el tripartito vaticina ahora un mandato más plácido de lo que hacían prever las tempestuosas semanas que precedieron a la aprobación del presupuesto.
Indulto: sobraban candidatos

Marisol Yagüe, la alcaldesa que hace diez años se negó a desalojar a sus palmeros del salón de plenos, pasará esta Semana Santa en la cárcel. No será la primera. Ya estuvo como presa preventiva en la Semana Santa de hace diez años, cuando la ‘operación Malaya’ acababa de desencadenarse y la entonces todavía regidora pidió salir porque a dónde iba una ciudad que no tuviera a su alcaldesa al frente de las procesiones.
Delirios al margen, Yagüe está en esta ocasión más acompañada en el encierro, con la mayor parte de los malayos condenados ya purgando sus penas. Es una lástima que la Cofradía del Amor vaya a cumplir su tercer año consecutivo sin sacar un preso a la calle. Esta vez había dónde elegir. Por eso es una pena. O no.