Es cuestión de dinero. Como en todo en la vida, diría alguien. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reconoció este lunes en Marbella que el proyecto de ampliación del Hospital Costa del Sol está bloqueado judicialmente. Aseguró que se trata de una situación muy complicada por las denuncias que se han cruzado los diferentes actores que intervienen en el proyecto: la Junta a través de la Agencia Sanitaria de la Costa del Sol, el Ayuntamiento de Marbella y la sociedad concesionaria.
La presidenta volvió a mostrarse como la máxima defensora de los servicios públicos, sanitarios y educativos, que constituyen el eje de su discurso político, y para ello propuso como prueba que en la misma semana en que visitó Marbella inauguraría dos hospitales, uno en Loja y otro en Alcalá la Real. Pero las obras de ampliación del Costa del Sol, subrayó para demostrar de que no se trata de una cuestión de voluntad política, están bloqueadas judicialmente. Eso sí, aseguró que está trabajando para destrabar la situación. Lo que no dijo es que estamos ante una situación que sólo puede desbloquearse de una manera: con dinero encima de la mesa.
El acuerdo y la voluntad ya existen. Las partes involucradas firmaron hace casi dos años, el 1 de agosto de 2014, un acuerdo para continuar las obras. Allí, se asumieron diferentes compromisos: la Agencia Sanitaria, reordenar y finalizar el proyecto; el Ayuntamiento, conceder la licencia para la explotación de los aparcamientos, de la urbanización y de la explotación de las zonas comerciales, ceder suelo que faltaba y no autorizar aparcamientos en la zona; la concesionaria, hacer un significativo descuento en el aparcamiento a los vecinos de Marbella y terminar las obras en 2016. Entonces sólo quedaba un fleco: calcular la indemnización que le correspondería a la concesionaria para garantizarse su viabilidad. Esa cantidad, que tenía que aportar la Junta, rondaría los diez millones de euros, según reconoció en aquel momento el gerente del Servicio Andaluz de Salud. Las obras no volvieron a ponerse en marcha y las demandas cruzadas que todas las partes se habían interpuesto siguen en los tribunales.
La conclusión es sencilla: el Hospital Costa del Sol no se amplía por una única razón: no hay dinero. Al menos, no hay dinero para el Hospital Costa del Sol. Eso es algo que ya sabíamos desde el inicio, cuando la Junta aprobó su ampliación con inversión cero y mediante una concesión que se financiaría a través de la explotación de los aparcamientos y de los locales comerciales. Y cuando esa fórmula falló por la contestación ciudadana y del Ayuntamiento gobernado por el PP, que vio la oportunidad de desgastar a la Junta poniéndose de parte de los vecinos que se negaban a pagar un parking como si en lugar de ir al médico estuviesen yendo al cine, no hubo fórmula alternativa. El acuerdo para desbloquear la situación no se ha materializado porque sigue sin haber dinero. Y se destrabará, si es que ese momento llega, cuando la Junta se rasque el bolsillo. No hay más misterios.
Por eso, cuando se anunció la visita a Marbella de la presidenta de la Junta de Andalucía y desde el gabinete del alcalde se filtró que Susana Díaz haría un anuncio importante para Marbella, todas las miradas se posaron sobre el hospital. Sin embargo, desde la Junta tuvieron la prudencia de rebajar las expectativas. Advirtieron a quienes se interesaron por saber qué venía a hacer a Marbella un presidente de la Junta de Andalucía después de diez años de ausencia que a lo que venía la presidenta era, precisamente, a dar por finalizados esos diez años. No con esas palabras, claro. Para este tipo de trámites protocolarios se utiliza la fórmula ‘visita institucional’. No iba a haber anuncios relevantes y no los hubo.
Susana Díaz llegó con el retraso habitual que se pueden permitir quienes mandan mucho, atendió a la prensa en una sala a la que se le habían quitado las sillas posiblemente porque al estilo de la presidenta no le sienta bien poner una mesa entre ella y los informadores, contestó a todas las preguntas sin escaparse de ninguna y después cumplió con el protocolo que se había preparado. La reunión privada de algunos minutos con el alcalde «para tratar los temas pendientes», la firma en el libro de honor y la inauguración de un vivero de empresas en el que la Junta no había tenido nada que ver hasta un par de semanas antes de la visita, cuando se decidió que el CADE se mudaría a ese edificio construido con fondos municipales y europeos, completaron la visita.
La cosecha, más allá de la escenificación de una sintonía institucional bienvenida pero que no debería depender del color político de quien ocupa la Alcaldía, fue la promesa de que la Junta está trabajando en la licitación de la redacción del proyecto del instituto de San Pedro. Hubo hasta quien en los días posteriores sacó pecho por eso.

LAS PREGUNTAS DE LA SEMANA

Después de haber acusado con razón a Elías Bendodo de utilizar el turismo como arma arrojadiza –el presidente del PP, de la Diputación y del Patronato de Turismo volvió a hacerlo la semana pasada en Marbella– José Bernal ha lanzado una voz de alarma sobre el posible desabastecimiento de agua durante el verano. La pregunta: ¿Fue por un impulso o tenía previsto abrir un frente de batalla antes de tomar conocimiento del enfado que esa iniciativa despertaría en varios de sus compañeros de partido como los alcaldes de Torremolinos y Ojén?

Durante la visita institucional de Susana Díaz a Marbella cada grupo político jugó su papel. Los ediles del PSOE arroparon a la presidenta; los del PP mostraron su rechazo a los compromisos incumplidos con una carta que le entregaron en mano; los de Izquierda Unida tuvieron una presencia menos que discreta; los de Podemos se dejaron ver con camisetas reivindicativas, y los de Opción Sampedreña cumplieron roles opuestos. Manuel Osorio cumplió con su papel institucional sin complejos y Rafael Piña no apareció por el Ayuntamiento. Las preguntas: ¿Fue un reparto de papeles espontáneo? ¿Fue consensuado? ¿Fue reflejo de la valoración que hace cada uno de cómo va el desarrollo del pacto de gobierno y las inversiones comprometidas por la Junta en San Pedro?

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, deja el Congreso de los Diputados después de que la propia Cámara decidiera que tenía que elegir entre su condición de diputado y la de registrador de la propiedad. Antes de que la Cámara lo informara, anunció que se iba para centrarse en las tareas municipales. Las expectativas que albergaba cuando aceptó encabezar la lista del Partido Popular no se confirmaron y durante los escasos tres meses que pasó en la Carrera de San Jerónimo se ha visto relegado a una presencia testimonial en dos comisiones sin relevancia política y a un asiento situado en la última fila del hemiciclo. Está claro que no repetirá como candidato cuando se convoquen nuevas elecciones. La pregunta: ¿Cuál fue el papel de Celia Villalobos en la marginación política que sufrió quien había sido presentado como prueba de la renovación del Partido Popular en la provincia?