Resulta inverosímil, a estas alturas del siglo y un año después de las elecciones municipales, que en el equipo de gobierno municipal no se hayan percatado todavía de la necesidad de comunicar con claridad.

Esta semana, después de la reunión de la junta de gobierno local, el portavoz municipal, Javier Porcuna, y la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, informaron de que el Ayuntamiento había dado respuesta a una pregunta de la Fiscalía acerca de la supuesta alteración de planos en la tramitación del PGOU de 2010, hoy anulado. Explicaron que efectivamente se habían encontrado diferencias en 22 planos, 18 de ellas de calado, entre los planos remitidos por el equipo redactor el 12 de junio de 2009 (el que sirvió de base para que el jefe de la Unidad Técnica de Planeamiento y Gestión emitiera su informe sobre la revisión del Plan) y los que se aprobaron finalmente en pleno el 29 de julio de 2009 y que fueron enviados a la Junta para la aprobación definitiva del PGOU.

Como era de esperar, y sobre todo sabiendo que un juzgado de Marbella tramita una causa tras una denuncia de la plataforma ciudadana contra la alteración de las lindes con Benahavís, la revelación causó interés entre los presentes en la comparecencia de los ediles, que preguntaron una y otra vez sobre la naturaleza de esas diferencias. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una posible subsanación de errores habitual en cualquier tramitación de este tipo que una falsificación intencionada como sostiene en su denuncia la plataforma denunciante. Y más si está en conocimiento de la opinión pública que la exalcaldesa Ángeles Muñoz y su familia tienen intereses en la zona afectada por el cambio de lindes.

No hubo manera, aunque se les preguntó de una forma y de la contraria, de que los ediles explicaran cuáles eran las diferencias que habían puesto en conocimiento de la Fiscalía. Es más, aseguraron que simplemente se había comunicado de la existencia de diferencias. Si el objetivo era explicar con claridad la situación, la comunicación fue muy deficiente. Pero si el objetivo era el contrario, es decir, sembrar un mar de dudas y sospechas, la comunicación fue sobresaliente.

Los concejales se ampararon en su voluntad de actuar con prudencia para no dar más precisiones, pero en un caso como éste lo prudente no es hurtar información sino dar toda la información de la que se dispone. Es verdad que es el fiscal quien la había solicitado, pero que se sepa el proceso no está bajo secreto de sumario –si así fuera el equipo de gobierno hubiese estado obligado a actuar con mayor discreción y no informar de nada relacionado con el tema– y por lo tanto no hay nada más sensato y obligado que actuar con transparencia cristalina.

A nadie escapa que todo el proceso de alteración de las lindes con Benahavís ha resultado devastador para los intereses electorales del PP y para la imagen de Ángeles Muñoz y es probable que el equipo de gobierno se vea tentado de aprovechar su intervención en el proceso para volver a situar el tema en la agenda y continuar corroyendo la imagen de la exalcaldesa. Hasta es posible que la imprudencia con la que Muñoz manejó desde la Alcaldía este asunto  –del que se debería haber apartado por sus intereses en la zona– la hagan merecedora de este desgaste y del desgaste futuro que le puede venir. Pero no se trata de esta clase de cálculos, sino del derecho de los vecinos a saber qué ha pasado y si hay o no ‘caso Planos’.

En la comparecencia del martes los concejales aseguraron que la respuesta que se ha trasladado al fiscal, basado en un informe de los técnicos de Urbanismo, se limitaba a corroborar que, efectivamente, hay diferencias entre unos planos y otros. Pero después se ha sabido que existe un informe sobre la naturaleza de esas diferencias. Y esa es una información que no se puede seguir hurtando.