Cuando en noviembre del año pasado el Tribunal Supremo anuló el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella y obligó a volver al documento de 1986 –que había sido el punto de colisión entre la legalidad y los gobiernos de Jesús Gil– en la ciudad se experimentó la sensación de estar viviendo el día de la marmota, como si una maldición divina la atrapara en un bucle permanente del que parece impedida de salir.
Algo parecido ha sucedido esta semana cuando se supo que la boda de un miembro de las dos últimas candidaturas socialistas y amigo del alcalde, celebrada en el Ayuntamiento, había contado con el ornato de una escolta de la Policía Local en la que no se habían mezquinado ni los uniformes de gala ni una guardia montada en dos caballos de la unidad equina del cuerpo.
Si con el asunto del PGOU la maldición es de fondo, al menos en apariencia el caso de los caballos se presenta como un cuestión principalmente estética. Pero el problema es que la estética del GIL guardaba una coherencia vital con todo lo que se cocía intramuros.
Entre las escenas que en Marbella aún se recuerdan con sonrojo, la del cortejo uniformado y montado a caballo que solía acompañar al alcalde en actos a los que se pretendía dotar de pompa y solemnidad no es la menor. Por ello resulta imposible comprender cómo el equipo de gobierno, que se conformó bajo el discurso de marcar una nueva época en la ciudad que cerrara para siempre el capítulo del gilismo y también de lo que en sus filas dieron en llamar el ‘neogilismo’ se ha metido en este jardín sin que nadie lo empujara.
Hay problemas que sobrevienen forzados por las circunstancias, inevitablemente, y otros en los que los responsables públicos se meten solos, voluntariamente, sin que sea posible encontrar para ello más explicación que una mala lectura del pulso social.
Si el alcalde estaba informado de que una guardia montada de la Policía Local iba a escoltar a su compañero de partido camino de la boda, esto podría entenderse como una ostentación irresponsable de poder. Pero si es verdad que se hizo sin su conocimiento las conclusiones no son más tranquilizadoras.
La desafección ciudadana con los políticos por el uso arbitrario de los recursos públicos se ha expresado ya de formas tan diversas y contundentes que resulta imposible entender por qué un error de esta magnitud ha podido tener lugar a no ser que se concluya que a un año de tomar posesión el alcalde o alguien de su entorno ha perdido ya el contacto con la realidad. Y es ahí donde el episodio puede dejar de ser anécdota para convertirse en categoría.