Cuando esta semana se anunció que el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, visitaría la ciudad para reunirse con el alcalde, muchos pensaron -sería más adecuado utilizar la primera persona- que se avecinaba un anuncio importante en torno al Puerto de La Bajadilla. La Agencia Pública de Puertos de Andalucía está bajo la jurisdicción de la Consejería de Fomento y el largo conflicto por la inacción y los incumplimientos del jeque Al-Thani en el proyecto de ampliación está en su punto culminante después de que se iniciara el expediente para la resolver la concesión mientras el Ayuntamiento busca la manera de que un inversor que ha mostrado interés tome el relevo.
Sin embargo, el consejero no se había trasladado a Marbella para comunicar ninguna novedad sobre el puerto, que no la había, sino para anunciar que la Junta construirá una pasarela peatonal que unirá el polígono industrial de San Pedro con la zona de Las Medranas. Desde que la Junta de Andalucía ha tomado la decisión de no provincializar los presupuestos de sus distintas consejerías, el anuncio de las diferentes actuaciones que se irán haciendo a lo largo del ejercicio queda al albur más o menos arbitrario de cada departamento donde el criterio de la oportunidad política no es el último que se tiene en cuenta.
La ciudad estaba tan desacostumbrada a que la visitaran consejeros de la Junta de Andalucía que la llegada de uno siempre se asocia, equivocadamente, con grandes acontecimientos y una obra de menos de 300.000 euros de presupuesto no parece serlo aunque venga a dar respuesta a una demanda largamente sostenida por los vecinos de la zona. La presencia de un consejero de la Junta, al igual que sucede en otros municipios con alcalde socialista, no supone un acontecimiento extraordinario que precede a un gran anuncio, sino parte de la rutina política. Está bien irse acostumbrando para rebajar las expectativas en próximas visitas.
Lo que sí supone la presencia del consejero es una declaración de intenciones en un momento en que se empiezan a hacer los balances del año que termina y los anuncios para el próximo. Y a nadie se le escapa, al PSOE de Marbella menos que a nadie, que 2017 será el año en que Opción Sampedreña, formación cuya neutralidad ideológica la convierte en el socio clave de cualquier posible combinación de gobierno, analizará la marcha del tripartito y decidirá si revisa la posición adoptada cuando optó por la conformación de un gobierno tripartito con el apoyo externo de Podemos en lugar de decantarse por sostener al PP.
OSP ya anunció al comienzo del actual periodo municipal que revisaría el pacto de gobierno al llegar al ecuador del mandato, en junio del año próximo. Sin embargo, las posibilidades de que cuando llegue el momento se decida por romper y buscar una fórmula de acuerdo con el PP son remotísimas. El único motivo por el que no se puede decir que sean nulas es porque en política no existen los imposibles. Aún así, tanto los socialistas, que no están dispuestos a correr el más mínimo riesgo, como los ediles de OSP, que cuando pasen dos años deberán presentar un listado de logros ante su parroquia, saben que cuando llegue junio debe haber un balance que presentar en San Pedro que avale que haberse decantado por el tripartito fue una decisión acertada.
La gestión presenta a diario unas dificultades prácticas que el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, suele poner encima de la mesa con una franqueza inusual en el mundo de la política. La última, cuando se refirió a las horas reales de trabajo que aportan cada día los empleados municipales, le valió algún dolor de cabeza. La recuperación de la Tenencia no ha cambiado gran cosa la vida de los sampedreños. A estas alturas tampoco está demasiado claro que para mediados del año próximo se haya movido una piedra en los terrenos donde irán el nuevo centro de salud y el nuevo instituto, dos actuaciones que figuran en los papeles pero que no aún en el calendario. El anuncio del consejero, sin fecha para las obras, viene a sumar un argumento a la hora de ese esperado balance.

Un silencio de año y medio
No suele ser habitual que un partido gane una batalla en los juzgados y no lo proclame a los cuatro vientos. Sin embargo, eso es lo que ha hecho el Partido Popular después de que en junio del año pasado el Tribunal Constitucional le diera la razón en un recurso que planteó contra la reforma de la LOUA que permitió, en noviembre de 2005, que la Junta de Andalucía pudiera retirarle las competencias urbanísticas a Marbella.
Durante un año y medio el PP guardó un silencio que tampoco rompió cuando este periódico reveló esta semana el contenido de la sentencia, sobre cuyo efecto práctico existen dudas jurídicas. Hay opiniones que aseguran que es nulo, pero también hay otras que sostienen que ante la eventual denuncia de un tercero que se sintiera perjudicado por una decisión tomada mientras la Junta ejerció esas competencias, un juzgado podría dictar la anulación de lo actuado.
Se ha especulado acerca de los motivos del silencio del PP y esta semana Ángeles Muñoz lo atribuyó a que ha pasado mucho tiempo y los efectos de la sentencia, aseguró, son nulos. A este periódico no le consta que el PP de Marbella conociera la decisión del Constitucional. La denuncia la interpuso en su día un grupo de diputados del PP en el Congreso y la sentencia no refiere específicamente a Marbella.
La hipótesis más probable quizás sea que alguien en alguna instancia del Partido Popular haya creído que no era buena idea recordar que en su día se opusieron a que se iniciara el proceso para quitar el control del urbanismo a un Ayuntamiento en el que mandaba un señor que respondía al nombre de Juan Antonio Roca y a quien sus allegados llamaban ‘el jefe’.