La calidad de vida suele aparecer en cualquier encuesta que se hace sobre Marbella, tanto a vecinos como a visitantes, a la hora de valorar cuáles son las principales virtudes de la ciudad. No pueden caber dudas de que algo tiene que haber para que exista tal conciencia, pese a que Marbella no suele aparecer en los rankings que periódicamente se publican siguiendo los parámetros de la OCDE, invariablemente encabezados por Vitoria, Girona y Palma de Mallorca.

El problema es que el de la calidad de vida es un concepto tan amplio que resulta difícil encontrar parámetros más o menos objetivos que permitan comparar unos lugares con otros. No basta con el de la renta, porque las ciudades con mayores rentas presentan también mayor carestía a la hora de acceder a la vivienda o a los productos básicos, ni el del nivel de paro, los equipamientos públicos, el acceso a la cultura, la red de transportes o incluso el clima. Se trata, seguramente, de una combinación de todos ellos y también de la percepción de los propios vecinos, que muchas veces no guarda relación alguna con los datos mensurables.

Y está también el problema de cuando se calcula una media. En Marbella, como en toda ciudad con una importante cantidad de vecinos con ingresos muy altos, el promedio para algunas medidas no ofrece más información que la de confirmar grandes brechas de desigualdad. Si en Marbella, por ejemplo, se sacara una media de la cantidad de suelo destinado a la práctica deportiva por número de habitantes, obtendríamos seguramente una cifra altísima. Pero si quitáramos de la ecuación a los campos de golf nos acercaríamos a la realidad de una ciudad en la que el deporte no es una práctica que resulte accesible a todos.

Muchas de las personas que se trasladan a vivir a Marbella desde otros puntos de Andalucía suelen tener un impacto a veces inesperado en sus bolsillos. Aquí casi todo es más caro, aunque los sueldos muchas veces son iguales. Eso también afecta a la vivienda y por supuesto al suelo y es posible que ello explique en parte, sólo en parte, por qué parece más difícil contar en Marbella con grandes instalaciones deportivas accesibles a todo el mundo como sí cuentan otros municipios vecinos. La otra parte de la explicación hay que encontrarla, cómo no, en los 15 años oscuros en los que ningún equipamiento público constituyó prioridad, y en los 11 que le han seguido, en los que prácticamente ningún problema urbanístico heredado encontró solución. Seguramente no hay metáfora más oportuna y explicativa que recordar que al día de hoy seguimos regidos por un Plan General con 30 años de antigüedad.

Por todo ello no debe llamar la atención que el equipo de waterpolo juegue en Torremolinos, que la práctica del atletismo esté subordinada a la agenda del equipo de fútbol o que los clubes de natación vivan en un conflicto permanente con la empresa privada que gestiona las piscinas construidas con dinero público en suelo público.

El rugby es un deporte minoritario en España, pero el esfuerzo sostenido del grupo que lo viene fomentando en Marbella desde hace casi 30 lo ha convertido en una práctica de gran implantación en la ciudad. El Marbella Rugby Club era hasta ahora una excepción en el panorama de magras instalaciones deportivas, pero hace unas semanas sus responsables se han dado de bruces con la triste realidad. El suelo que ocupan desde 1992 por una concesión administrativa del Ayuntamiento fue recalificado con el Plan General de 2010 -el que ya no existe- y cuando ese documento entró en vigor, al año siguiente, el Ayuntamiento (todavía bajo el gobierno del PP) se lo comunicó a la oficina del Catastro (Ministerio de Hacienda), que a su vez entendió que tenía que dejar de valer 90.000 euros para ser valorizado en 4,6 millones. Pretender que una entidad sin ánimo de lucro que apenas tiene para las tareas de mantenimiento pueda afrontar las cargas devengadas de ese valor es un acto de ceguera administrativa, de cinismo político o de ambos. El terreno comenzó a devengar el IBI correspondiente y en el club nadie fue informado de nada hasta que el pasado 22 de diciembre se encontraron con las cuentas bloqueadas y una deuda de 140.000 euros.

Cabe preguntarse por qué el Ayuntamiento no tomó en cuenta en su día que en el lugar se desarrollaba una práctica amateur y de gran contenido social (con más de 350 fichas, la mayor parte de niños y jóvenes menores de edad); por qué cuando se renovó la concesión del suelo se estableció que el club debía cargar con las obligaciones tributarias (según aseguró el viernes en el pleno la concejala de Deportes) pese a que se trata de una asociación sin ánimo de lucro; por qué el Patronato de Recaudación siguió adelante con el procedimiento de embargo pese a que no había constancia de que los responsables del club hubieran sido debidamente notificados, o por qué esas notificaciones se enviaron a direcciones erróneas pese a que otras comunicaciones, como una multa por una tala de árboles, sí se remitió al club. Y cabe preguntarse también, con toda esta sucesión de despropósitos, y porque la historia de esta ciudad es la que es, si alguien no habrá pensado que ese suelo, frente al Hospital Costa del Sol y al sur de la autovía, no debería tener un uso menos interesante desde el punto de vista social pero más lucrativo desde el punto de vista económico.

El club se encuentra ahora en un momento crítico, con su futuro amenazado y en medio de una situación compleja que seguramente no tendrá una solución fácil. Hay una deuda contraída por una entidad incapaz de asumirla, hay tres instituciones implicadas -el Ayuntamiento, el Patronato de Recaudación (dependiente de la Diputación Provincial) y la oficina del Catastro (dependiente del Ministerio de Hacienda)- y está el impiadoso mecanismo de la administración puesto en marcha. Hay que solucionar la situación desde este punto hacia adelante pero también quitar al club la losa de la retroactividad que aplasta su viabilidad futura.

Todo eso requiere de imaginación y asesoramiento solvente, pero sobre todo de una altura de miras que sólo un optimista impenitente podría pretender en la situación política actual. Donde hay confrontación hay que encontrar colaboración, y donde existe la tentación de quedarse sólo en cobrarle la factura política a quienes estaban cuando este problema se originó hay que encontrar a quien establezca como prioridad absoluta hallar la solución.

Quien sepa hacerlo seguramente no sólo se ganará el reconocimiento de las 350 familias que han encontrado en el club de rugby un lugar donde sus hijos puedan practicar un deporte que tiene en el respeto a los compañeros, a los adversarios y al árbitro su principal seña de identidad. También habrá cumplido con su obligación.