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Desde que tomó posesión el pasado verano, el gobierno formado por el Partido Popular y Opción Sampedreña ha contratado, o iniciado el proceso para hacerlo, servicios externos para el mantenimiento de parques y jardines, para el alumbrado de las calles, para los servicios auxiliares de los polideportivos y para el varadero y la gasolinera del Puerto Deportivo.

Se trata de un número de externalizaciones que no permite asegurar que haya una tendencia a privatizar la gestión municipal, como sí puede estar sucediendo en otros ayuntamientos de la zona, pero sí que existe una clara decisión política de cubrir mediante concesionarias las deficiencias que existen en la prestación de los servicios públicos.

La polémica que se ha suscitado en torno a estas contrataciones para cubrir servicios que hasta ahora se han venido prestando con recursos municipales puede abrir, más allá de oportunismos y de ese hábito tan habitual en política de escandalizarse por la paja en el ojo ajeno, un interesante debate en torno a los servicios públicos prestados por empresas privadas.

No puede acusarse al actual gobierno municipal de haber puesto en marcha este proceso de externalizaciones de manera subrepticia o inesperada. La falta de recursos humanos y materiales de las que el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, ya se quejaba amargamente durante la época del tripartito fue una de las cuestiones que Opción Sampedreña puso sobre la mesa cuando el pasado verano se sentó con unos y con otros para decidir qué aliados elegiría para completar el actual mandato municipal. De izquierda y derecha llegaron ofertas de contrataciones y de transferencia de recursos a San Pedro, pero la palabra mágica, la que decantó la balanza hacia la oferta del Partido Popular fue ‘externalizaciones’. Una palabra que sonaba a herejía en un gobierno que, como el tripartito que OSP formaba con PSOE e Izquierda Unida, había llegado con el compromiso de recuperar para la gestión municipal servicios ya privatizados, como la zona azul o el transporte público, aunque ese impulso perdió brío cuando la obligación de gestionar llevó a hacer cuentas y puso las intenciones frente a la dura realidad. Los dos choques más duros entre Izquierda Unida, miembro del gobierno tripartito con las áreas de Vía Pública y Movilidad a su cargo, y Podemos, aliado indispensable para sacar adelante las votaciones, fueron precisamente a cuenta de la imposibilidad aducida por el tripartito de devolver a la gestión pública esos dos servicios.

Se suele acusar a los partidarios de que toda la gestión municipal se haga con recursos y dirección pública de moverse exclusivamente por motivaciones ideológicas, inasequibles a los datos de la realidad, pero no se puede asegurar que los argumentos de quienes aducen que la gestión privada es, por definición, más eficiente sean menos ideológicos.

Hay suficientes ejemplos, y no hay que irse fuera de la provincia de Málaga para encontrarlos, de servicios municipales que han colapsado en el momento en que su gestión ha salido de la lógica del servicio público para instalarse exclusivamente en la del mercado y el beneficio empresarial.

No se puede garantizar que en privatizaciones futuras las cosas no vayan a discurrir por ese sendero en un momento como el actual, de retroceso general de condiciones laborales en el que se puede estar caminando hacia una situación dual, de realidad paralela, en el que conviven trabajadores con derechos adquiridos antes de la crisis con nuevos trabajadores contratados según las nuevas condiciones imperantes. En este caso, empleados municipales con todos sus derechos consolidados frente a trabajadores contratados por las nuevas empresas ganadoras de una licitación.

La experiencia de conflictos laborales en empresas concesionarias de servicios públicos en municipios cercanos cuyas consecuencias las acaba pagando el ciudadano deberían funcionar como alarma suficiente para advertir de las garantías que deben preceder a cualquier proceso de externalización en el Ayuntamiento de Marbella.

A diferencia de lo que ha sucedido en Estepona, donde ha habido contratación de empresas con subrogación de trabajadores municipales, en Marbella no puede hablarse de privatización. Los servicios que se contratan con empresas externas suponen la incorporación de más personas al ámbito de trabajo de los servicios municipales, lo que debería llevar a preguntarse si se trata de nuevas prestaciones que recibirá el ciudadano o si por el contrario éste estará pagando con sus impuestos dos veces por lo mismo.

Desde la desaparición del GIL, al que se le debe la actual estructura desorbitada de la plantilla municipal, el Ayuntamiento de Marbella ha perdido más de una y más de dos oportunidades de afrontar ese problema heredado. El enchufe sistemático que contribuyó, posiblemente más que ningún otro factor, a las sucesivas mayorías absolutas de quienes saquearon la ciudad, generó una plantilla con exceso de auxiliares administrativos y que dio lugar a situaciones esperpénticas, como la falta de albañiles en el servicio de Obras o de insuficientes electricistas en los Servicios Operativos.

Al mismo tiempo, seguramente tomando en cuenta su condición de determinante fuerza electoral más que ningún otro factor, todo el debate que se dio en torno a los recursos humanos en el Ayuntamiento estuvo más enfocado a consolidar sus condiciones laborales que a ver cómo se mejoraban los servicios públicos y se respondía a las necesidades de la ciudad. En esto no se han visto diferencias entre los grupos municipales. Todos, desde el Partido Popular hasta Podemos, se han dedicado más a mimar a esa fuerza electoral determinante que a aplicar los cambios necesarios -con formación, con reciclaje o con renovación de la plantilla- para mejorar la calidad de los servicios públicos. Ahora, con las externalizaciones, se puede estar ante una nueva coartada para seguir postergando un debate imprescindible.