La Junta de Andalucía ha anunciado que el tercer hospital de Málaga va a estar construido y en funcionamiento a comienzos de 2024. Los más optimistas pueden creer que, mes arriba, mes abajo, el Gobierno andaluz va a cumplir con su compromiso en ese plazo de seis años; los optimistas de grado medio posiblemente crean que habrá tercer hospital, pero que la obra sufrirá retrasos similares a los que ya se conocieron cuando se construyeron los hospitales de Ronda o Cártama, por no irnos muy lejos. Pero habría que ser muy pesimista para vaticinar que la Junta propondrá financiar el nuevo hospital con una concesión administrativa, que licitará las obras a cambio de la explotación del parking, que esa empresa entrará en concurso de acreedores y posteriormente en liquidación, que el proyecto se enquistará con demandas cruzadas en los tribunales y que encallará durante ocho largos años sin soluciones en el horizonte ni preocupación aparente del Gobierno andaluz para que las haya. Hay que ser muy pesimista, en suma, para creer que otra ciudad andaluza tendrá por parte de la Junta de Andalucía un trato como el que sufre Marbella.

Desde que las obras se paralizaron en el año 2010, la ciudad ya ha disfrutado de dos anuncios de desbloqueo inmediato de la situación. En agosto de 2014, todas las partes implicadas –la Agencia Sanitaria de la Costa del Sol (empresa pública de la Junta de Andalucía), el Ayuntamiento de Marbella y la concesionaria– firmaron un acuerdo que preveía la retirada de las demandas cruzadas interpuestas y la aplicación de descuentos en las tarifas de aparcamiento que se cobrarían a los vecinos de Marbella. Eso quedó en nada.

Más recientemente, en el verano de 2016, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, anunció en Marbella que se convocaría un nuevo concurso en un plazo breve de tiempo si la empresa no retomaba las obras. Mismo resultado.

La situación, análoga a la del puerto de La Bajadilla, está bloqueada en los tribunales. La empresa concesionaria, integrada a partes iguales por una empresa de instalaciones eléctricas y Abengoa, se encuentra en fase de liquidación. Llama la atención la impotencia –o falta de interés- de la Junta para resolver una situación que en cualquier otra ciudad de Andalucía supondría un escándalo mayúsculo y pondría en jaque al consejero. Por aquí, en cambio, han pasado ya tres máximos responsables de Salud desde que comenzó el problema sin conseguir una solución. Es más, sin cumplir ni remotamente con las soluciones que ellos mismos se comprometieron a impulsar. Ni antes con el gobierno municipal en solitario del PP, ni después con el tripartito encabezado con un alcalde socialista, ni ahora con un gobierno de dos socios con una alcaldesa del PP, la ciudad ha conseguido que se la escuche. Ni siquiera se ha logrado que la paralización de las obras forme parte de la agenda de problemas a resolver.

Posiblemente sea necesario recordar que de los 48 millones en los que está presupuestada la obra, la paralización sobrevino cuando ya se había invertido la mitad. ¿Alguien se hará cargo de la pérdida económica que supone el deterioro que sin duda está sufriendo el edificio desde que se pararon las obras?

Las condenas hay que llevarlas con dignidad. Nadie en Marbella debería desear que se dé a otro municipio el trato que recibe esta ciudad. Sin embargo, sería interesante saber cuál sería la reacción social si la Consejería de Salud anunciara, o lo hiciera de forma solapada como lo intentó en un principio en Marbella, que no va a haber dinero de sus presupuestos para la construcción del tercer hospital de Málaga, sino que las obras se financiarán mediante la explotación de un aparcamiento cuya utilización sería fácticamente obligatoria para todos aquellos que acudan al centro sanitario, ya sea por una urgencia, para una cita con un especialista o para visitar a un familiar hospitalizado.

No es difícil adivinar cómo reaccionarían ante semejante anuncio no ya el resto de las administraciones implicadas, sino los usuarios, los sindicatos, el Colegio Médico, los medios, los partidos políticos… Si se concluye, con cierto buen criterio, que el Gobierno andaluz no se atrevería a semejante barbaridad en ninguna otra ciudad de la Comunidad Autónoma, cabe preguntarse ¿por qué en Marbella sí?

Se pueden aventurar diversas hipótesis pero posiblemente sea oportuno invertir el sentido de la pregunta. ¿No será que el Gobierno andaluz no se atreve a darle a Marbella lo que le corresponde porque en el resto de Andalucía realizar una inversión en esta ciudad supone algún tipo de coste político? ¿No será víctima Marbella de la imagen que se cultiva en cada promoción turística y que la describe como una ciudad de ensueño? ¿Nos veremos obligados algún día a hacer una campaña para explicar que en esta ciudad, además de ricos que se pueden pagar clínicas y colegios privados viven también camareros, dependientas y profesionales varios que tienen las mismas necesidades y derechos que el resto de los andaluces? ¿Habrá que ir despacho por despacho para explicar a los responsables políticos que no se tienen que tomar al pie de la letra todo lo que ven en los vídeos que se utilizan para la promoción turística de la ciudad? ¿Será necesario aclarar que eso del lujo es un reclamo publicitario dirigido a un público concreto y no la realidad cotidiana de 148.000 vecinos?